Hasta hace cuatro meses se dedicaban a limpiar y envasar pescados y mariscos congelados, ahora son sus vidas las que han quedado congeladas, en suspenso, pendientes de que las autoridades judiciales y laborales corrijan la injusticia cometida con ellas. Veintisiete trabajadoras (todas mujeres menos tres hombres) fueron despedidas de la empresa Elaboraciones Aeropuerto, en Villarrubia, a mediados de febrero. Solo uno de los empleados ha sido recolocado en otra empresa de los mismos propietarios, los demás están en la calle sin indemnización, con varias nóminas pendientes y con la sensación de que han sido engañados.

Tres de estas mujeres, María Teresa Puerto, Loli Expósito y Antonia Navarro, cuentan su experiencia y su desánimo, ya que todas las trabajadoras son mujeres de más de 40 años, que tienen muy difícil su reinserción laboral. Todo empezó el día 13 de febrero, cuando uno de sus jefes les informó de que "teníamos tres o cuatro días de vacaciones porque no había trabajo". Al día siguiente, muchas de ellas volvieron a la empresa "y le pedimos un papel que justificara que estábamos de vacaciones, porque nos temíamos algo raro, ya que nos debían varias nóminas". El jefe les dio el papel y les citó la semana siguiente "para decirnos que la fábrica estaba cerrada y nosotras despedidas por falta de trabajo y liquidez, y que si teníamos que denunciarle que lo hiciéramos".

Llevaban trabajando unos 6 años con contratos algo irregulares, según afirman, "porque en nuestras nóminas decían que nos pagaban 870 euros cuando recibíamos 660 y además sabemos que en los dos últimos años la empresa no ha pagado a la Seguridad Social ni a Hacienda".

Aunque la razón esgrimida para el cierre era la falta de encargos y de liquidez, las trabajadoras afirman que "al mes de cerrar los mismos dueños han abierto una nueva empresa con la misma actividad, con otro nombre, con otra de sus hijas como dueña, pero es la misma, en el mismo sitio, con mano de obra inmigrante que suponemos será todavía más explotada".

Lola Avila, delegada sindical de la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA), asegura que "esto es terrorismo laboral, un caso claro de indefensión, de atentado contra los derechos de los trabajadores, lo hemos denunciado por lo Social (el juicio será el día 26) y por lo Penal, y esperamos que se haga justicia, porque estos mismos señores ya habían hecho esto antes varias veces y nunca les han pillado".