La ley del jurado ha cumplido 20 años. Lo hizo en el 2015, aunque en Córdoba es en este 2016 cuando se alcanzan las dos décadas celebrando juicios con jurados populares. Un modelo, pues, consolidado, aunque no por ello deja de generar opiniones dispares. Y es que aunque su funcionamiento a lo largo de estos 20 años "puede calificarse de aceptable", en palabras del presidente de la Audiencia Provincial, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, también es cierto que "tiene sus luces y sus sombras".
El primer juicio con jurado popular se celebró en Córdoba en julio de 1996. Seis hombres y tres mujeres declararon culpable a un joven de 19 años de Las Moreras por dar muerte a su padre con un cuchillo. Desde entonces, la Audiencia Provincial ha visto un centenar de procedimientos de tribunales populares, casi todos homicidios o asesinatos que han sido resueltos, en su gran mayoría, con condenas, aunque también ha habido absoluciones. Entre estas, la primera, en 1997, cuando se eximió al dueño de un supermercado de Alcolea acusado de homicidio por matar a un ladrón que entró a robar en su negocio.
En estos 20 años, casi un millar de cordobeses han ejercido como miembros de un jurado tras ser elegidos por un sorteo que se celebra cada dos años. De la lista de candidatos resultantes, se escogen 36 aspirantes para cada juicio, eligiéndose finalmente nueve titulares y dos suplentes para componer el jurado el día en el que comienzan las sesiones de la vista.
Para Sánchez Zamorano, la principal ventaja del jurado popular ha sido "el acercamiento del ciudadano de a pie al funcionamiento de la justicia". Aunque también señala como factores "no tan positivos" los "enormes recursos humanos y materiales que se consumen para este tipo de enjuiciamiento". En primer lugar, apunta, implica "un elevado gasto económico". De hecho, cada miembro cobra 67 euros diarios y se le pagan los desplazamientos, así como la comida y la estancia cuando queda recluido para deliberar, de forma que un juicio estándar con tres sesiones y la estancia de una noche en un hotel si no han podido responder antes al objeto del veredicto suele costar, entre dietas y otros gastos, unos 6.000 euros. En segundo lugar, señala Sánchez Zamorano, las sesiones se dilatan mucho porque tanto el magistrado como el fiscal y los abogados tiene que recurrir frecuentemente a un "discurso pedagógico que se da por sobreentendido si el tribunal estuviera compuesto solo por jueces profesionales".
No obstante, siendo este el modelo que hay --el de "un jurado puro, compuesto por personas no versadas en derecho", cuando el legislador podía haber optado por un "jurado escabinado, en el que confluyen jueces técnicos y jueces legos en derecho, lo que hubiese sido algo más acorde a los tiempos presentes y a la llamada sociedad de la información y del conocimiento", sostiene Sánchez Zamorano--, "reducir aún más el elenco de delitos de competencia del jurado para soslayar los inconvenientes de una ley que provoca lentitud en el enjuiciamiento y grandes costes podría ser una decisión acertada", defiende el presidente de la Audiencia Provincial. "No pasaría nada --añade-- si la competencia se limitase simplemente al enjuiciamiento de los delitos consumados contra la vida". En la actualidad los delitos que ve el jurado son asesinato y homicidio, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, incendios, infidelidad en la custodia de documentos, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a los funcionarios e infidelidad en la custodia de presos.
Grandes juicios
En estos 20 años, el juicio con jurado en Córdoba más largo y con mayor repercusión mediática ha sido el de Bretón, condenado en el 2013 por el asesinato de sus dos hijos. Después de tres semanas de vista, tras escuchar a más de 140 testigos y peritos, y deliberar durante 72 horas, fue declarado culpable ante 108 periodistas acreditados. Pero el primer gran juicio con jurado en Córdoba se celebró 15 años antes, en 1998, y fue el seguido por el atraco al Santander y la muerte de dos policías locales.
José María Magaña, magistrado-presidente de aquel tribunal, explica que "no hubo la presión mediática" que rodeó al de Bretón, pero "fue muy complejo porque confluían seis o siete delitos". "Recuerdo --dice Magaña-- que tuve que coger una pizarra y hacerle a los miembros del jurado una sucesión temporal" de los hechos. Además, hubo muchas partes personadas y más de un centenar de testigos, todo en medio de "unas medidas de seguridad extremas", ya que "se quiso politizar" y una treintena de jóvenes anarquistas se manifestaron a las puertas de la Audiencia para pedir la liberación de los acusados. Finalmente fueron condenados a penas que sumaban 148 años.
Magaña, que se declara "muy juradista", coincide, sin embargo, con Sánchez Zamorano en que supone un "gasto excesivo para algunos delitos" y que "habría que reducir el campo de competencia" del jurado. "Soy partidario en cuanto a que es una institución que no debería desaparecer, pero es manifiestamente mejorable. Debería ser menos compleja e ir más a la oralidad", apunta el presidente de la Sección 2 de la Audiencia.
¿Y los ciudadanos? ¿Cómo han asumido la responsabilidad a lo largo de estos 20 años? Pues la primera reacción al saberse elegidos suele ser de "cierto miedo, de sentimiento de que no son capaces de realizar ese trabajo", señala Carlos Rubio, letrado de la Administración de Justicia. Eso sí, "luego salen muy contentos y con un conocimiento de la justicia que no hay en la calle". Y en eso coincide el presidente de la Audiencia, quien constata que muchos candidatos "tratan por todos los medios de eludir la carga", pero una vez que asumen el cargo "desempeñan su función con una encomiable dedicación, hasta el punto de que la experiencia les deja marcados positivamente".
