Los vecinos que llevan años esperando ayudas de la Junta para la instalación de ascensores no están muy contentos con las previstas en la orden sobre rehabilitación publicada el 30 de abril. El coordinador de Ciudad Física de la Federación de Asociaciones Vecinales Al--Zahara, Juan Andrés de Gracia, asegura incluso que se van "a movilizar" contra estas subvenciones al considerar que no les benefician y para exigir un "trato preferente" para las comunidades que están a la espera de esas ayudas de convocatorias del 2005 y 2010. De Gracia calcula que hay 400 comunidades en esa situación, aunque algunas han desistido ya. Otro de los miembros de este colectivo, Rafael Carmona, que ha estado en contacto con comunidades de la zona del Santuario, donde ya ha habido una reunión, señala que la semana que viene habrá una asamblea con todos los afectados para "abordar el tema y empezar a preparar una movilización para no perder lo que tenemos solicitado y que se respeten los acuerdos que teníamos".

El problema es, según Al--Zahara, que las comunidades que en base a convocatorias de los años 2005 y 2010 tenían "convenios firmados, proyectos aprobados, licencias concedidas", ven ahora, cómo "cambian las reglas del juego", se fijan otros requisitos y bajan las cuantías de las ayudas, todo con la fecha tope del 15 de junio. Por ello, Carmona asegura que no se acogerán a la orden de abril, que considera "una tomadura de pelo, ya que no resuelve nada". La orden prevé una partida de 13,6 millones para Andalucía, la mitad para el 2015 y la otra mitad para el 2016. Sus cálculos son que solo con los afectados de la zona del Santuario, donde hay 15 comunidades que solicitaron ascensor, se acabarían las ayudas previstas.

De Gracia recuerda que de las 400 comunidades pendientes de ascensor, medio centenar tenían los convenios firmados y "había un compromiso de la Junta de priorizarlas". Cuando salió esta orden, Al--Zahara se reunió con la delegada de Fomento, Josefina Vioque, para ver qué pasaba con esos bloques, si les valía la misma documentación, si se les iba a mantener los mismos porcentajes de ayuda prometida, pero, según asegura, no les concretó nada. La orden, señala De Gracia, "no habla de priorizar lo pendiente, ni los que tenían licencia, ni los que han ejecutado las obras por su cuenta", por lo que "deja tiradas a 400 comunidades", a las que, además, no se les ha informado previamente.

La orden alude a convocatorias anteriores cuando se refiere a los criterios de valoración. Así, otorga 5 puntos a bloques con memoria presentada para la colocación, proyecto o licencia. Al--Zahara considera eso insuficiente. Además, y según Carmona, da poco tiempo para presentar las solicitudes y exige mucha documentación, por lo que resulta "imposible" cumplir el plazo. A su juicio, el decreto "es una barbaridad" y ha sido sacado "deprisa y corriendo".

De Gracia explica que los cambios son que las subvenciones "se reducen a la mitad", pasando "del 75% al 30% y, en casos extraordinarios, al 50%"; los bloques necesitan aportar la inspección de edificios; y "ninguno de los gastos anteriores se les va a considerar". Ante esto, Al--Zahara está recopilando la cifra total de afectados, "para orientarlos jurídicamente". Por su parte, la Junta, de momento, no se ha pronunciado sobre el tema.