El primer tramo de la variante Oeste, el del puente de Abbas Ibn Firnás, en servicio desde enero del 2011, tuvo un sobrecoste de 46 millones de euros, por lo que el tramo de casi 6 kilómetros construido entre las autovías de Málaga (A-45) y Madrid-Sevilla (A-4) y la carretera del Aeropuerto (N-437) requirió una inversión del Gobierno central de más de 97 millones de euros. Esto significa que cada kilómetro de esa variante necesitó más de 16 millones, cuatro veces más de lo habitual en una carretera. Las desviaciones que se produjeron en el presupuesto y el coste que supuso una sentencia desfavorable a Fomento se refleja en la respuesta dada este mes por el Gobierno central al PSOE.

El Gobierno cifra en 26,8 millones las desviaciones por las modificaciones del contrato de obra (hubo dos, una por 7,1 millones y otra por 2,5), por trabajos adicionales (5,2 millones) y por la revisión de precios (11,8). A eso se suman los 14 millones que tuvo que pagar a la adjudicataria por una sentencia de la Audiencia Nacional, que no se recurrió.

La obra, que se prolongó durante cuatro años, fue adjudicada por 51 millones y cuando fue inaugurada en enero del 2011 se supo que su coste se había elevado a 83 millones. Ahí se incluían las expropiaciones de los terrenos y las desviaciones por los modificados. Si a esos 83 millones de euros se le añaden los 14 de la sentencia, el presupuesto se eleva a casi 100 millones.

El diputado socialista Antonio Hurtado explica que «el encarecimiento de esta carretera en parte se debe al litigio ganado por la adjudicataria por revisiones de precios que no fue recurrido por los abogados del Estado». A su juicio, «estos sobrecostes no se podrían producir hoy con la nueva ley de contratos del sector público».

Antonio Hurtado anima a «aprender de la gestión de ese tramo», que «ha tenido de todo». El diputado socialista avisa de que la siguiente fase, la que unirá la carretera del Aeropuerto con la de Palma (A-431), que lleva varios años apareciendo en los presupuestos del Estado sin ejecutarse, «es más difícil y no se puede dejar que su gestión sea tan cuestionable». Se trata de un «proyecto con importantes obstáculos físicos que encarecen la inversión pero que con una gestión correcta pueden conseguirse importantes ahorros económicos», señala el diputado.