La saturación actual de los centros de protección de menores en Andalucía, tres de los cuales se encuentran en Córdoba (el Juan de Mairena, el Lucano y el Beatriz Enrique Enríquez), que en estos tres casos están al 130% por encima de su capacidad con casi un centenar de menores atendidos, está desembocando en una situación donde se hace imposible atender correctamente a los niños y adolescentes que llega, sin recursos materiales tampoco e incluso comenzando a registrarse incidentes por el clima de tensión creado. Así lo ha denunciado esta mañana la sección sindical de Ustea de la Delegación de Igualdad, Salud y Política Sociales, que advierte que la situación empeorará cuando desde los aún más masificados centros de las provincias costeras llegue la avalancha de menores que en estos días son recogidos de las pateras de inmigrantes que cruzan el Estrecho.

Según resume la representante del sindicato y trabajadora en uno de estos centros Carmen Rubio, “la Junta está haciendo negación de su tutela y lo que se hace es por los trabajadores”, todo ello para paliar una situación de falta de espacios físicos ya que “no vamos a tener ni para poner los colchones”, sin “poderse desarrollar una intervención psicosocial, educativa e intercultural ni mucho menos individualizada”, afectando a la convivencia y mezclando internos de todas las edades y con tardanzas en la realización del protocolo médico con el riesgo que ello supone para el individuo y el resto del centro, afirma también un comunicado del sindicato.

Ante esta situación, el sindicato pide que se ponga en marcha un dispositivo de emergencia para hacer frente a la masificación y crear una comisión mixta Administración-sindicatos para analizar y buscar situaciones a corto y medio plazo que lleve a dignificar los CPM , la labor de los profesionales que trabajan en ellos, de los menores acogidos y, por ende, de toda la sociedad”.