Los representantes de los 702 trabajadores que Urende tiene en España recibieron ayer la propuesta de la empresa "como un jarro de agua fría". Después de seis meses en los que 390 empleados han estado regulados (cobrando el paro) la firma ha propuesto una extinción definitiva de empleo para unas 600 personas, por lo que la plantilla se quedaría con unos 110 profesionales.

UGT y CCOO explicaron a este periódico que la cadena de electrodomésticos y electrónica ha mantenido "contactos importantes" con otras marcas nacionales y extranjeras, pero la falta de apoyo financiero ha hecho que estas negociaciones "no lleguen a buen puerto". Sin mercancías en sus tiendas y con problemas para abonar las nóminas, la empresa ha decidido cerrar 18 establecimientos en lugar de los 10 que había clausurado (tiene 22 en España) y dejar abiertos los de Córdoba (Aeropuerto), Granada, Jaén y Ciudad Real. Francisco Ramírez, secretario de Acción Sindical de Comercio de CCOO, estimó que entre la central y la tienda Córdoba podría mantener unos 60 empleos (tiene 150), pero el objetivo es que sean menos los trabajadores regulados.

Los responsables de Urende comunicaron ayer esta propuesta, que incluye una indemnización de 20 días por año trabajado, a los 56 representantes de sus empleados, CCOO, UGT y el despacho de abogados Pérez--Borbujo, pero las cifras no fueron confirmadas por la empresa a este periódico. El secretario general de Comercio de UGT, Antonio Vacas, avanzó que esta opción "es la menos mala", ya que la cadena está en concurso de acreedores. Además, Vacas apuntó que sería positivo que el ERE se apruebe antes del 8 de febrero, porque algunos trabajadores regulados no tienen tiendas en las que reubicarse y con su incorporación la deuda seguiría creciendo. La parte social se reunió ayer también con la delegada de Economía, Carmen Prieto, para buscar compradores.