La Gerencia de Urbanismo prepara un documento mediante el que pretende adelantar la concesión de servicios básicos, de forma provisional, en viviendas ilegales, sea cual sea el tipo de suelo en el que estén, es decir, hasta en las que se encuentren en terrenos de especial protección, novedad importante. Uno de los puntos del texto indica que la autorización, "cuando se otorgue, se hará extensiva a todas las edificaciones y asentamientos existentes en el avance aprobado --el inventario de viviendas en suelo no urbanizable--, aunque se encuentren en suelos de especial protección por normativa específica, territorial o urbanística, sin renuncia a la protección de la legalidad y del restablecimiento del orden jurídico infringido".
El documento no hace referencia expresa a las viviendas que se ubican en terrenos inundables, por lo que su inclusión o no dependerá de la interpretación que se haga. Cabe recordar que en estos momentos, en la normativa urbanística existente la protección y la inundabilidad son dos factores que no permiten la legalización, pero tampoco la dotación de servicios, por lo que, de prosperar esta propuesta, abre nuevas perspectivas a muchas viviendas, aunque es imposible concretar el número. Si se atiende a su literalidad, podría beneficiar a casas de la Sierra, espacio protegido, y de Las Pitas, parcelación del BIC de Medina Azahara que lleva años reclamando agua y denunciado el riesgo de contaminación al abastecerse de pozos. Es más, el Pleno aprobó en el 2006 de forma inicial el plan de abastecimiento y la Junta lo echó para atrás. Una cosa es la teoría y otra la práctica y, en este caso, como en el de La Gorgoja II y Córdoba la Vieja, al estar en zona BIC desde el 2003, Cultura tendrá mucho que decir.
El presidente de Urbanismo, Luis Martín, explica que una zona que se puede ver beneficiada es el suelo de especial protección de la Vega, donde hay viviendas que cuentan con instalación eléctrica pero carecen de suministro. Esto está ocurriendo en más de 100 casas de zonas de El Higuerón y Villarrubia. Además, están las parcelaciones de la innovación de Poniente, paralizada desde el 2012.
El documento es un borrador que Martín llevó a la mesa de trabajo de El Higuerón y que establece los criterios para permitir la contratación de servicios básicos con las compañías suministradoras. Se trata de una propuesta que debe pasar por el consejo rector y por el Pleno. Martín asegura que su idea es que tanto los grupos municipales como el resto de miembros de la mesa analicen el borrador y hagan sus aportaciones para aprobarlo en marzo. El documento se trasladará a la Junta, que ha de dar el visto bueno, y a las empresas suministradoras. Su objetivo es que "se lleve a la práctica y no sea una declaración de intenciones".
El documento dice que para evitar situaciones de precariedad que afecten a la salud y al medioambiente, se autorizará "por razones de urgencia, de manera excepcional, provisional y transitoria, con carácter de precario" a propietarios de casas que sean vivienda habitual la contratación con las compañías suministradores de los servicios básicos siempre que estén a pie de parcela y no haya que ejecutar infraestructuras.
En distintas fases de regularización hay más de 6.500 viviendas. Además, en suelo no urbanizable, hay 4.419 casas, de las que el 79% están en zonas protegidas. De ellas, en 629 no ha prescrito el delito urbanístico; 1.689 tienen riesgo de incendio; y 1.364 son inundables. Si se llega a poner en práctica este borrador, habrá muchas que puedan adelantar los servicios básicos.
