El fin de la inspección técnica de edificios (ITE) es la rehabilitación, por lo que su afán no es recaudatorio. Ese fue el mensaje transmitido ayer por el presidente de Urbanismo y de Vimcorsa, Luis Martín, que asistió a la jornada organizada por la Federación de Asociaciones de Vecinos Al--Zahara. Martín insistió en que "no existe voluntad de multar", aunque los obligados a revisar sus viviendas deben conocer las sanciones que conlleva su incumplimiento. Martín explicó que Urbanismo trabaja en el censo de viviendas obligadas, 1.200 este año, y que se reunirá con los colectivos implicados. Respecto a los cambios que introducirá la nueva normativa estatal, aseguró que no afectarán a la ordenanza municipal.

Los vecinos mostraron su preocupación y sus dudas. En nombre de Al--Zahara, Juan Andrés de Gracia reclamó la creación de una oficina específica en Urbanismo para la ITE, que haya técnicos municipales que puedan hacerla en casos concretos, que el organismo municipal preste asesoramiento y que exista garantías de que todo el que pida ayudas y cumpla los requisitos para las mismas pueda conseguirlas. De Gracia planteó las incógnitas que abre el Informe de Evaluación del Edificios (IEE), modalidad de revisión que sustituirá a la ITE con otros requisitos y plazos, por lo que propuso esperar a su aprobación y adaptar la ordenanza a lo que resulte más favorable para los vecinos. Recordó que la IEE no incluye la revisión en viviendas unifamiliares y amplía el plazo al 2019.

Victoria de Larriba, de Vimcorsa, expuso las ayudas existentes para los informes, que pueden llegar a sufragar hasta el 75% de los honorarios. Desde que se implantaron con la ordenanza que afectaba solo a la Axerquía Norte, han tenido poca demanda. Añadió que Vimcorsa ha recibido este año 340 solicitudes de ayudas para rehabilitación y de ellas solo hay 5 peticiones para la ITE. Aseguró que si la demanda aumenta, se incrementarán las subvenciones.

Arquitectos asistentes explicaron que el precio del informe, que varía según la vivienda, oscila entre 300 y 500 euros de media --sin certificado energético ni IVA--. Las cuestiones técnicas fueron desgranadas por Victoria Briceño, técnico de Urbanismo.