Urbanismo realizará fotos aéreas en la capital para ver los cambios sufridos tras la aprobación del PGOU hace una década. Estas imágenes servirán para realizar una radiografía exacta de la realidad actual del territorio y tener un documento gráfico de la evolución de las parcelaciones ilegales. El presidente de Urbanismo, Luis Martín, indicó ayer que "el vuelo para realizar las fotografías del territorio se contrató hace un mes" y servirá para el inventario que el Ayuntamiento debe elaborar para cumplir las exigencias del decreto sobre las edificaciones en suelo no urbanizable aprobado por la Junta. No obstante, Urbanismo iba a contratar este servicio independientemente de la entrada en vigor del decreto, ya que Martín piensa que "se deberían hacer dos al año" por su utilidad en planos, estudios y en las labores de inspección. Realizar las fotografías aéreas suele llevar un par de días pero requiere unas condiciones atmosféricas especiales.

Los distintos servicios de Urbanismo que intervendrán en la aplicación del decreto se reunieron ayer para realizar una primera puesta en común y ver la incidencia que tendrá en cada una. Según Martín, "entre todas las áreas se hará una propuesta global que irá a un consejo rector y a un Pleno". Martín reconoció que se están produciendo "todos los días" múltiples consultas de parcelistas, dirigidas, sobre todo, a los delegados de Alcaldía, que están teniendo "una constante presión", y centradas en la dotación de agua y luz.

Por otro lado, los técnicos de Obras Públicas de todas las provincias están celebrando reuniones en Sevilla para fijar los criterios de interpretación del decreto, tras lo que la Consejería convocará a los alcaldes, técnicos y arquitectos para aclarar dudas, según ha explicado el delegado provincial, Francisco García. Además, Obras Públicas debe definir las normas que se aplicarán al avance que tendrán que realizar los ayuntamientos para identificar sus asentamientos. Obras Públicas elabora también "una norma directora para determinar las condiciones de habitabilidad" que se exigirán a las viviendas para acogerse al decreto.

El presidente de Urbanismo criticó "el tufo de campaña electoral" del decreto, del que censuró que no se ha publicado aún y que, tras ello, necesita un plazo para entrar en vigor, dejando a los ayuntamientos en una situación compleja para tomar decisiones por las elecciones autonómicas. Martín se quejó de que la Junta legisle pero que sean "los ayuntamientos los responsables en aplicar" sus normas bajo su tutela. También criticó los efectos que tendrá el anuncio del PSOE sobre la reforma de la LOUA y calificó de "galimatías legal" el generado con ambas medidas.