Los apartamentos turísticos «tienen la consideración de uso hotelero, asimilado al residencial» en el planeamiento vigente, y, por tanto, está «excluido entre los autorizados en el edificio» situado en el número 23 de Gran Capitán. Ese es el principal argumento esgrimido por Urbanismo para denegar la licencia para 26 apartamentos turísticos. El rechazo al cambio de uso se produjo ayer en la comisión de licencias previa al consejo rector de Urbanismo, que ha tenido en cuenta las condiciones de uso de las licencias de obra y de utilización y las del planeamiento urbanístico que sirvieron de base para construir el edificio. Fuentes de Urbanismo explican que, aunque los usos son amplios, tienen limitaciones.

Urbanismo asegura que el uso para el que se solicitó y concedió la licencia fue el de oficinas y almacenes y otros compatibles, y que se apoyaba en el PGOU y en el estudio de detalle. Añade que la edificabilidad prevista para ese uso es mayor a la que hubiera tenido si su destino fuese residencial o de hospedaje. El organismo municipal cree que el edificio se está llenando de actividad a un ritmo «importante» para ser nuevo y tener más dimensión de lo habitual. Aclara que desde que recibió licencia de utilización en febrero del 2016, se han pedido permisos para distintos usos (oficinas, bancos y gimnasio). Añade que en dos años tiene casi el 30% de superficie sobre rasante con licencia de obra y un 6% cuenta con permiso de segregación, mientras que el sótano tiene alto grado de ocupación. De sus 10.800 metros cuadrados sobre rasante repartidos en siete plantas, 2.500 son de locales comerciales, 5.400 de oficinas y 2.900 de almacén. Además tiene 10.400 de sótano en seis pisos.

En el consejo, Ganemos votó en contra de la innovación que afecta al antiguo colegio de la Trinidad, ya que exige que se revise el PGOU y el plan del casco histórico en vez de llevar a cabo tantas modificaciones. El PP, por su parte, preguntó por la paralización de la Normal de Magisterio.