El avión DC--7 instalado por IU y PSOE en el Balcón del Guadalquivir en marzo del 2011 no pudo servir para los fines culturales para los que fue trasladado desde el aeropuerto ni tampoco podrá cumplir con el destino que le tenía reservado el PP desde el 2012. La primera comisión municipal de licencias de este mandato, en el que gobiernan de nuevo PSOE e IU, se celebrará el miércoles y denegará el permiso de actividad y obra para el centro polivalente de uso recreativo y de ocio previsto en el entorno del avión DC-7, que es como se denomina el proyecto adjudicado en octubre del 2012 a la sociedad Balcón de Córdoba.

La denegación se produce más de un año después de que el Ayuntamiento diera un ultimátum a Balcón de Córdoba. En mayo del 2014, el Ayuntamiento dio un aviso a la empresa por el incumplimiento de los plazos establecidos, al haber transcurrido año y medio desde que el PP le encargó el proyecto que ideó para el avión. Entonces, la empresa achacó la demora a las modificaciones introducidas a requerimiento de Urbanismo.

Cabe recordar que en octubre del 2011 el PP dijo que el proyecto planteado por IU y PSOE pensando en la Capitalidad del 2016 era muy caro y decidió convocar un concurso para una concesión por 10 años a cambio de un canon anual de 12.000 euros. Un año después, en octubre del 2012, la Junta de Gobierno Local adjudicó a Balcón de Córdoba la nueva iniciativa. La propuesta de la empresa era la construcción de una terminal anexa al avión y un auditorio con capacidad para 450 personas, con cinco terrazas. La totalidad del proyecto, valorado en 1,2 millones, debía estar ejecutado en tres años, por lo que el plazo acaba en un mes. De ella, solo se ejecutó la primera fase, la apertura del bar anexo, que formaba parte de la totalidad del proyecto.

Desde que la adjudicataria entregó documentación en Urbanismo, el organismo municipal puso reparos, sobre todo, al ver el riesgo que tenía la iniciativa de derivar en sala de fiestas o discoteca, uso no permitido allí. Por ello, Urbanismo exigió modificaciones en varias ocasiones, a las que la empresa respondió introduciendo cambios, que no terminaban de convencer y que han llevado a la denegación de la licencia. Lo que está por ver es si esa denegación conlleva la resolución del contrato del bar, en el que, según fuentes de la adjudicataria, trabajan 30 personas. El gobierno local tendrá que decidir sobre el futuro del DC-7, si pone fin a la concesión del 2012, que de todas formas acaba ya; si convoca otro concurso; si da un rumbo distinto al proyecto; o si descarta la puesta en uso e, incluso, la permanencia allí del avión, sellado este verano ante la presencia de ocupas.