UGT Córdoba, "preocupada por la actual situación de precariedad que los trabajadores y trabajadoras cordobeses vienen padeciendo en estos últimos años", ha tomado la decisión de poner en marcha una campaña "en contra de la economía sumergida, que se ha visto incrementada en los años de crisis económica". De esta forma, según informa el sindicato en una nota de prensa, se suma a las campañas ya iniciadas de forma solitaria o en colaboración con otras entidades -“¡Ponte a Mil!” o “Qué no te obliguen a hacer el animal”- una nueva iniciativa para luchar en contra de la economía sumergida, "donde Córdoba y su provincia destacan por encima de la media con una estimación que roza el 30%, a falta de datos oficiales".
En este sentido, Jaime Sarmiento, secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Córdoba, ha confesado que “el sindicato está muy preocupado por la situación laboral actual de los trabajadores y trabajadoras cordobeses, que ha sufrido un grave retroceso, provocando que muchos hayan tenido que sobrevivir, de forma literal, ante los escasos recursos económicos que poseen dentro de la economía sumergida”.
En relación a esta circunstancia, Sarmiento ha lamentado que “cuando se habla de economía sumergida se tienda a culpar a los trabajadores, pero en la mayoría de los casos ellos se ven obligados a hacerlo, además, son muchos los empresarios que se aprovechan de la situación vulnerable de sus empleados para caer en esta práctica”. Asimismo, el responsable sindical ha explicado que “la economía sumergida perjudica a la mayoría de las empresas y, con ellas, a los trabajadores. Además, a medio plazo supone el posible cierre de empresas que desde la legalidad en la que conviven no pueden competir con estos piratas laborales del siglo XXI”.
Por este motivo, UGT ha mantenido diferentes contactos preliminares con la patronal, la autoridad laboral y CCOO, a partir de los cuales pretende oficializar, durante este trimestre, un proyecto que se desarrollará en base a dos pilares, aunque está abierto a más actividades para frenar esta lacra laboral.
El primer bloque está enfocado a que las diferentes organizaciones empresariales y sindicales se doten de regulación en este ámbito a través de las comisiones paritarias de los convenios colectivos provinciales para que, después de los pasos correspondientes, puedan, como último recurso, realizar denuncias a través de estas comisiones paritarias.
El segundo pilar se basa en establecer de forma anual o bianual, según las partes acuerden, un reconocimiento público para aquellas empresas que además de cumplir la legalidad vigente, innoven mejoras fuera de lo general en el desarrollo de su actividad empresarial, llevando incluido este reconocimiento, algún tipo de sello de calidad que le permita darse a conocer a nivel público como empresa ejemplar y, de paso, poder optar con mayor puntuación en el ámbito de las contrataciones de las administraciones públicas.
