Los sindicatos CSIF, CCOO y UGT se han reunido con el presidente del Partito Popular, Adolfo Molina y con el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo, ante el objetivo de que medien con el Gobierno para que este retire el recurso que provocó la suspensión cautelar de la jornada de 35 horas semanales en el ámbito de las administraciones por parte del Tribunal Constitucional.

La secretaria de organización de UGT Córdoba, Pilar Marín, ha señalado que «desde que el PP aprobase el decreto del 2012, se han perdido cerca de 4.000 empleos en las administraciones públicas de la provincia. Exigimos al PP que se deje de demagogias y que no cargue solo la posibilidad de crear empleo al sector privado. Además este recurso impide la convocación de nuevas plazas, como iba a pasar en el sector de la educación durante el mes de septiembre».

Por otro lado, Dolores Navajas, presidenta de CSIF Córdoba, ha afirmado que consideran esta medida como un «ataque» dirigido a los empleados públicos andaluces. «Ahora más que nunca es fundamental la unidad sindical frente a esta decisión, que opinamos es desproporcionada y discriminatoria para Andalucía. Si el gobierno no abre unas vías de diálogo para que se frene esta pérdida de puestos de trabajo, que se estaba ya reactivando, nos movilizaremos desde los sindicatos», dijo Navajas.