La Federación de Empleados de ServicioS PúblicoS (FeSP) de UGT-Córdoba acursó ayer a las empresas de ambulancias de Córdoba que conforman la UTE que presta el transporte sanitario en la provincia de «embolsarse cuatro millones de euros como beneficios», mediante «un descuelgue ilegal de salarios del diez por ciento desde 2012».
Según informó dicho sindicato, sus representantes han intentado «llegar a un acuerdo» con dichas empresas para la «devolución de derechos sustraídos a los trabajadores», pero la respuesta ha sido una negativa y «la amenaza de que lo pagarán los trabajadores si la justicia» obliga a dichas empresas «a devolver lo no pagado» estos años a sus empleados. A juicio del sindicato, «la Administración sanitaria de Córdoba es la responsable última de vigilar y hacer cumplir los pliegos de condiciones actuales de este servicio publico, y que las condiciones laborales y el convenio colectivo se hagan cumplir, pero están mirando para otro lado, a pesar de ser conocedores que estas empresas incumplen la normativa laboral en vigor».
En cualquier caso, el sindicato ha anunciado que seguirá defendiendo «que este servicio publico, licitado a empresas privadas y pagado con el dinero de todos, genere riqueza local, con un reparto de la misma más igualitario», pues hasta ahora, «solo las empresas, con la aplicación ilegal del descuelgue salarial, han sido las grandes beneficiarias de la crisis, con el dinero regalado por todos a las arcas de unos pocos empresarios, y entre tanto la Administración mirando para otro lado».
En su opinión, «la crisis económica no justifica, la situación del deterioro de las condiciones laborales de cerca de 400 trabajadores de ambulancias de la provincia». Por ello, UGT va a proceder a solicitar a los distintos grupos políticos reuniones para dar a conocer la situación del sector del transporte sanitario en la provincia de Córdoba.
