La tasa de reposición está frenando el proceso de relevo generacional en la Universidad de Córdoba y ya es hora de suprimirla. El rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, mostró ayer ante el claustro, donde presentó su informe anual de gestión, su postura sobre la negociación abierta con el Gobierno central en torno a la tasa de reposición (que regula el porcentaje de puestos que pueden cubrirse y cuántos deben amortizarse cuando se produce una jubilación). Según indicó, la tasa de reposición ha supuesto la pérdida de unos cien docentes en los últimos años. Para una universidad con una edad media por encima de los 50 años, el ritmo con que se incorpora personal joven es clave por lo que, según Gómez Villamandos, es fundamental trabajar con el objetivo de eliminar dicha tasa. Según el rector, la situación es especialmente crítica en el Personal de Administración y Servicios porque apenas se han registrado jubilaciones. En el 2017, según indicó el vicerrector de Personal, Isaac Túnez, está prevista la jubilación de 36 profesores, lo que permitirá convocar 30 plazas de titulares de Universidad y 6 plazas de contratado doctor.

Otro de los temas que mantiene en vilo a los profesores son los cambios en el sistema de acreditación, una cuestión que suscitó la intervención del doctor Juan Luis Pérez Navero, profesor de la UCO, que denunció el efecto que tales cambios pueden tener en áreas como las ciencias de la salud, donde los profesores están vinculados a una importante actividad clínica que, al parecer, no se tiene en cuenta por parte de la Aneca (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) a la hora de realizar las acreditaciones académicas que permiten la carrera universitaria. En este sentido, el propio rector coincidió en las críticas. «No se pueden cambiar las reglas del juego e incrementar las exigencias en ciertas áreas sin la necesaria transparencia y sin contemplar la transferencia en el desarrollo curricular», indicó.

En cuanto a la situación económica de la Universidad de Córdoba, el rector dio muestras de cierto alivio y destacó que la financiación ha mejorado, tanto la procedente de convocatorias competitivas como de la Junta de Andalucía, que cerró el año reconociendo parte de la deuda documentada, en concreto, 9 millones, que deberán ser abonados a lo largo del 2017, de los 20 «no reconocidos por la administración». En este momento quedan pendientes de convertir en deuda 11,2 millones más y en torno a 2,5 millones de deuda «basada en acuerdos verbales del pasado que aún no está ni siquiera documentada», indicó Villamandos. En este año se ha abonado además el 100% de la paga extra del 2012 y se ha logrado mejorar el plazo medio de pago a proveedores, que se ha reducido de una media de 56 a 25 días. La inversión en infraestructuras sigue estancada por falta de financiación y con ella proyectos como la ampliación de Derecho o de Relaciones Laborales. La esperanza está depositada en la negocación sobre el nuevo modelo de financiación, que podría mejorar las condiciones de universidades investigadoras como la de Córdoba.

Gómez Villamandos subrayó el incremento de los fondos propios destinados a investigación el pasado año, «pasando de 1,3 millones a casi 2 millones incluyendo los programas de refuerzo», la creación de 13 starts ups salidas de la UCO o el incremento en un 20% de la dotación para programas de empleabilidad y prácticas en empresas. «La provincia se está implicando y está invirtiendo», insistió, «tenemos casi mil convenios con empresas».

DEFENSORA UNIVERSITARIA// El claustro de ayer nombró a la profesora de Derecho Civil Carmen Mingorance Gosálvez nueva defensora universitaria con 192 votos a favor de los 211 emitidos. Mingorance, que se mostró «ilusionada y con ganas de trabajar», sucederá en el cargo a Carmen Jiménez, que se despidió e hizo lectura de la memoria del 2016 (más información, en el suplemento Ucouniversitas).