La crisis económica ha arrasado a su paso tantos nichos de negocio y empleo que el turismo, uno de los pocos supervivientes de la quema, ha acabado por convertirse en algo parecido a la joya de la corona en muchas ciudades, un baluarte al que cuidar y mimar. En una coyuntura de vacas flacas y de hiperconectividad, cada uno ha intentado buscar el negocio por su cuenta, aprovechando las ventajas que ofrece internet. Si tengo un piso, ¿por qué no alquilarlo y que vengan a mi casa? Así empezó Rbnb y otras plataformas similares que, con el tiempo, se han consolidado como un serio competidor del modelo clásico hotelero, jugando hasta hace poco con la ventaja del vacío legal en el que se transitaba esta práctica.

Córdoba vive en este momento el efecto aún incipiente en estas latitudes de ese boom, regulado en toda Andalucía por un decreto autonómico que ha intentado poner coto a un mercado desenfrenado, pero que aún presenta lagunas ante una oferta en movimiento.

Según los datos de la Delegación de Turismo, desde mayo del 2016 se han registrado en Córdoba 423 viviendas con fines turísticos. De esas, hasta ahora, solo 17 tienen la autorización correspondiente y 40 han sido inspeccionadas. El resto funcionan mientras les llega la hora. Al margen de la ley, según los hoteleros de la ciudad, operan otras tantas viviendas turísticas clandestinas (hasta un total de 900), anunciándose en distintas plataformas, contratando alojamientos, pero sin estar registradas aún en ninguna parte, sin pagar ningún tributo a Hacienda y sin que el trabajo que generan (en servicios como limpieza, gestión...) esté amparado por ningún tipo de regulación laboral.

Mientras la proliferación de las viviendas turísticas sigue al alza, también en Córdoba, ya hay informes que cuestionan la viabilidad económica de este tipo de negocio y señalan la escasa rentabilidad de las viviendas turísticas que no alcancen una ocupación mínima del 50% anual, aconsejando en ese caso a los propietarios el alquiler de larga temporada. Los que operan dentro de la legalidad, tanto empresarios hoteleros como gestores de viviendas turísticas, reclaman una regulación que frene la especulación y establezca de inicio las reglas del juego. Y es que, frente a la clandestinidad, también hay quien quiere profesionalizar esta actividad dentro de un marco legal sin tener claro que la inversión que realice pueda dar sus frutos.

Todo eso se debate en este momento en una ciudad en la que aún no ha echado a andar el Imtur, órgano local para la cuestión turística, y donde la eterna lucha sigue siendo aumentar las pernoctaciones y combatir la temporalidad, donde la masificación turística solo se hace evidente en determinados meses del año y no por una avalancha de turistas de calidad sino por los excursionistas que vienen, ven y se van, a veces, hasta con la bolsita de picnic preparada desde su lugar de procedencia. El debate de la tasa turística también se ha abierto en Córdoba. La alcaldesa, Isabel Ambrosio, ha dicho ya que no es una prioridad en este momento puesto que penalizaría las pernoctaciones, mientras las patronales del sector abogan por cobrar una tasa a los que llegan a la ciudad en autocares, una vía alternativa que vendría a sancionar de algún modo al turista-termita (que arrasa mucho, pero deja poco) y que aún está por definir. Los ecos de la turismofobia que llegan desde Baleares o Barcelona, donde el turismo está empezando a verse como un problema más que como una oportunidad, empiezan a resonar en Córdoba, donde ya se está empezando a notar el efecto rebote del alquiler de viviendas sobre el precio de los alquileres de larga duración. Y mientras algunos auguran que la burbuja turística acabará por explotar en breve sin mayor estropicio, otros temen que la explosión provoque daños colaterales.

Para intentar prevenir que la burbuja engorde demasiado, la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba ya ha pedido que el Ayuntamiento tome cartas en el asunto señalando qué zonas de la ciudad deben ser de uso exclusivamente residencial y cuáles de uso terciario, y a la Junta que agudice el ingenio para combatir la clandestinidad. De esta forma, reivindica que quienes alquilan viviendas turísticas estén en el régimen de autónomos, que quienes trabajen para ellos se acojan al convenio de la hostelería. En definitiva, que hoteles y viviendas turísticas exploten el negocio del alojamiento en igualdad de condiciones.

El decreto de la Junta define principalmente las condiciones técnicas que debe cumplir una vivienda que quiera salir al mercado turístico, exigiendo una serie de requisitos como que cuenten con aire acondicionado y calefacción, que estén en zona de uso residencial, que alguien se encargue de la limpieza antes y después de que lleguen los usuarios, etcétera, pero presenta importantes lagunas en lo que se refiere a la regulación de la actividad económica como tal. También exige a los propietarios la cédula de habitabilidad, un documento que no expedía el Ayuntamiento antes de 1981 y que está generando graves problemas burocráticos. La norma, por tanto, hace aguas por muchos lados y exige una revisión.