El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se ha vuelto a pronunciar sobre el plan de la carretera de Palma, ese documento urbanístico aprobado por unanimidad por el Pleno del Ayuntamiento en diciembre del 2012 que iba a ser el punto de partida para la legalización de las naves del empresario y concejal de UCOR, Rafael Gómez. El TSJA se pronunció el 20 de marzo sobre el recurso interpuesto por la Junta contra el plan tumbando los artículos 14 y 20, que son los que se refieren a los usos permitidos y a la superficie de naves que pueden permanecer en pie. Unos días después, el TSJA dictó otra sentencia en respuesta a otro recurso, el interpuesto por la entidad Proyectos Urbanísticos, que solicitaba la anulación de la totalidad del plan, al igual que ha hecho en otro recurso otro propietario de la zona, Nicolás Moya. El TSJA ha estimado parcialmente el recurso de Proyectos Urbanísticos tumbando de nuevo los artículos 14 y 20 sin entrar en más profundidades, ya que prácticamente reproduce la anterior sentencia. Aún está pendiente que Ayuntamiento y Junta se sienten para ver qué enfoque dan al plan tras el pronunciamiento del TSJA y qué futuro depara a unas naves ilegales sobre las que pesan innumerables cargas por valor de más de 100 millones entre hipotecas ligadas al Banco Popular por más de 25 millones y anotaciones de embargo del juzgado número 3 por 70 millones por deudas con la Agencia Tributaria y del Ayuntamiento por 24,6 por la multa.

Según informa Europa Press , el TSJA ha prorrogado el plazo para el embargo de bienes de Gómez, que está imputado por el Juzgado de Instrucción número 3 por un presunto delito contra la Hacienda Pública por el impago de casi 70 millones en impuestos durante cuatro años. El plazo para el embargo cumplía el 7 de mayo pero el abogado del Estado ha pedido la prórroga, que ha sido aceptada. Las diligencias previas están en fase de instrucción y está pendiente de resolver un recurso de apelación planteado por Gómez ante la Audiencia contra las medidas cautelares de embargo preventivo.

El juzgado dictó un auto en julio del 2009 tras las denuncias de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria y un decreto de la Fiscalía de junio del 2009, de manera que se imputaba a Gómez por el impago de 69,9 millones del impuesto de sociedades de Arenal 2000, Arenal 2001, Arenal 2001 de Inversiones, Grupo Inversor Arenal 2000, Grupo de Empresas Rafael Gómez Sánchez, Grupo Inmobiliario Arenal 2000 y Mezquita Sur de Inversiones. El auto también reclamaba el pago del IRPF del 2003 a 2006 a la familia de Sandokán, figurando como imputados por presunta defraudación a la Hacienda Pública su esposa y los cuatro hijos del matrimonio. El auto ordenaba el embargo de distintas propiedades, entre ellas, las naves.