El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha manifestado este martes después de que el Alto Tribunal se declara competente para investigar a los aforados relacionados con el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, como son los exconsejeros de la Junta Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Francisco Vallejo y Manuel Recio, hasta tanto en cuanto continúen con la condición de aforados, que "el momento procesal es el único posible, y por tanto es la decisión que corresponde".

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, el magistrado ha señalado que "cada momento judicial es el que corresponde", de manera que, agrega, "ahora estamos en un momento en el que el Tribunal Superior es el competente por la razón del aforamiento y cuando surja un cambio, en su momento tomaremos la decisión que corresponda".

Mientras, comenta que "el Ministerio Fiscal da algunas razones y esa es una de las peticiones que hace en principio (el hecho de que se declarara incompetente en la causa), pero al mismo tiempo sigue diciendo que si es prematuro que se admita y se declare competente sin perjuicio de la decisión que se tome".

De este modo, Del Río aclara que "no es tampoco una decisión en contra del fiscal, sino al contrario, que el fiscal superior somete a la consideración en principio de esa posibilidad", pero "si es prematuro, entonces que se tome la decisión de admitir la causa, tramitarla y luego ya veremos la situación procesal y de aforamiento", ha explicado el presidente del TSJA.

Al respecto, la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se ha declarado provisionalmente competente para la investigación de las personas aforadas relacionadas en el caso ERE, como son los citados exconsejeros del Gobierno andaluz.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el Alto Tribunal andaluz acuerda la apertura de diligencias previas y designa instructor al magistrado Miguel Pasquau Liaño, todo ello a pesar de que la Fiscalía había pedido que se declarara incompetente y devolviera la causa a la juez Mercedes Alaya una vez los cuatro exconsejeros pierdan su condición de aforados al dejar de pertenecer a la Diputación Permanente del Parlamento, lo que se producirá tras las elecciones del 22 de marzo.