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conflicto con las salas de barrio

El Tribunal de Cuentas requiere al Imdeco que identifique quiénes dieron las ayudas

Trata de esclarecer si los hechos pueden generar un delito de responsabilidad contable por alcance. El órgano fiscalizador pide al Ayuntamiento todos los contratos y subvenciones concedidas en 2013

 

Varias personas participan en actividades en la sala de barrio de Fátima. - A.J. GONZÁLEZ

Irina Marzo Irina Marzo
09/02/2018

El Tribunal de Cuentas ha requerido ya al Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) toda la información relativa a las ayudas concedidas en el año 2013 a los clubs deportivos que gestionan las salas de barrio municipales. El Ayuntamiento dispone de 15 días hábiles para dar respuesta a este requerimiento, que forma parte de la instrucción abierta por la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas para esclarecer si los hechos denunciados por la Cámara de Cuentas de Andalucía (en un informe de fiscalización de fecha 1 de junio, que afectaba a varias provincias) son constitutivos de un delito de responsabilidad contable por alcance.

Hay que recordar que el Ministerio Fiscal, con fecha 24 de julio, puso de manifiesto que en 2013 el entonces Instituto Municipal de Deportes (IMD) incorporó una cláusula contractual, no prevista en los pliegos, para entregar ayudas a siete clubs por un montante de 298.743 euros. La Fiscalía considera que no queda acreditado que estas concesiones se ajustaran «a las prescripciones establecidas por la ley de subvenciones», ni que se dieran concurriendo las circunstancias de publicidad, transparencia, concurrencia e igualdad necesarias.

LO QUE PIDE EL TRIBUNAL // ¿Qué ha pedido el Tribunal de Cuentas al Ayuntamiento de Córdoba? Por un lado, la justificación de la concreta irregularidad; por otro, la determinación de quiénes fueron las personas que intervinieron en la ejecución y control presupuestario de los hechos denunciados (se solicita la identificación de las personas que «tuvieron responsabilidad en el ámbito de la gestión económico-administrativa denunciada como presuntamente ilícita»); y por último, saber si estos hechos han sido recurridos en la vía contencioso-administrativa.

Entre la documentación requerida están los estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco), los pliegos de las concesiones administrativas y los siete contratos, información sobre si los licitadores incluyeron en su presupuesto la necesidad de una retribución determinada para equilibrar el presupuesto y si en el pliego existían cláusulas para el mantenimiento del equilibrio económico de la concesión. Además, el órgano fiscalizador exige toda la información sobre las subvenciones concedidas, que permita saber si eran para la prestación del servicio o tenían otra finalidad, hasta el informe de los precios públicos de 2013, o saber si el consejo rector del Imdeco aprobó estas subvenciones. A la Intervención se le piden informes, saber si hizo algún reparo, así como su criterio, y conocer si las subvenciones estaban debidamente justificadas.

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