El proyecto de la playa artificial llegará hoy a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), después de despertar un evidente interés y una comprensible curiosidad ciudadana. Los promotores, entre los que se incluyen los empresarios de Crystal Lagoons, la multinacional chilena que ha construido y patentado una tecnología única para la construcción y mantenimiento de este tipo de lagunas artificiales, se verán hoy con el primer teniente de alcalde y presidente de la GMU, Pedro García, al que le harán llegar las novedades y detalles de la iniciativa. García ya dijo este verano, cuando se conoció el proyecto, que el visto bueno a la idea dependería de que reuniese el consenso ciudadano necesario, cumpliese con la legalidad urbanística y respetase el medio ambiente.

Los promotores, por su parte, afirman que la propuesta «persigue en todo momento el consenso ciudadano y, debido a que sería una infraestructura importante tanto a nivel local como provincial», consideran que la ubicación pensada es «la idónea, sobre todo si la apuesta sigue siendo revitalizar la zona del río».

El proyecto, que supondría una inversión global de 20 millones de euros, plantea la construcción de una lámina de agua dulce de 5,58 hectáreas (el doble previsto en el planteamiento inicial), con una profundidad media de 2,4 metros y un perímetro total de 999 metros; que iría acompañada de una oferta lúdica y hostelera. La ubicación elegida para la construcción de la playa urbana (que no fluvial), al otro lado de la A-4, afecta a una decena de parcelas, en su mayoría improductivas según el catastro (solo algunas son de regadío o labranza), que actualmente están en manos privadas, dentro de un plan urbanístico que define la zona como un sistema general de equipamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que son suelos que el planeamiento de la ciudad destina a equipamiento comunitario y servicios de interés social, y que, llegado el caso, tendrían que ser expropiados por el Ayuntamiento de la ciudad. Pero, según las fuentes consultadas, es poco probable que no tenga al menos que retorcarse puntualmente o modificarse el plan urbanístico de dicha zona, para que se pueda albergar la playa en esa ubicación. Para lo que en principio no habría problema es para la edificabilidad de la zona, siempre y cuando los edificios que se construyeran no superasen una planta de altura.

Por extensión, la principal parcela afectada en el boceto de la playa es donde se sitúan cada año los aparcamientos de la Feria, un equipamiento que, según los promotores, no se vería afectado, ya que podría solventarse la situación permitiendo durante esos días que se aparcase allí, a través por ejemplo de un convenio. Uno de los principales propietarios de ese terreno, Antonio Barea, expresó ayer a este periódico su desconocimiento sobre el proyecto de la playa, más allá de lo que se ha publicado en prensa, y su sorpresa por que aún nadie le haya informado de primera mano del mismo.

Otra cuestión que tendrá que clarificarse concierne a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (aunque el proyecto no afecta a terrenos pertenecientes a la CHG) y a la inundabilidad de esta zona tan próxima al río.