(AMPLICACIÓN) Treinta personas han sido detenidas en siete provincias españolas en una de las mayores intervenciones de Europa en centros de la denominada "minería" de la moneda virtual bitcoin, en el marco de una investigación sobre distribución ilícita de contenidos de televisión de pago.

Las detenciones han tenido lugar en Córdoba, Málaga, Valencia, Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca y Lugo.

La operación policial está relacionada con la redada de hace una seis días en naves de los polígonos industriales de Las Quemadas, Tecnocórdoba y Amargacena, según ha podido saber este periódico. De las 30 personas detenidas, 13 de ellas han sido en Córdoba; en Málaga, cuatro; en Valencia, cinco; en Barcelona, cinco; en Madrid, una; en Palma de Mallorca, una; y en Lugo, una. De todas ellas, solo tres personas han ingresado en prisión.

Durante los registros, los agentes se han incautado de seis centros de minería bitcoin, 48.800 decodificadores, 183.200 euros en efectivo, 78,3 bitcoins (con un valor de 31.320 euros), 10 vehículos de gama alta, 4 motocicletas, un vehículo de lujo falsificado, una avioneta, documentación bancaria y contable, y material informático.

La Policía Nacional informa en un comunicado de estos arrestos, llevados a cabo en la operación conjunta con la Agencia Tributaria y que ha contado en su fase final con la colaboración de Europol y Eurojust.

La "minería" de bitcoin consiste en descifrar, con equipos informáticos especializados, códigos que permitan legitimar y asegurar la seguridad de transacciones

La investigación comenzó con la denuncia de una empresa afectada por la clonación de sus decodificadores de televisión de pago por parte de otra mercantil. Las indagaciones realizadas permitieron acreditar que la distribución de los terminales falsificados se realizaba a través de páginas web registradas a nombre de testaferros y especializadas en la venta de este tipo de aparatos. Además lograron identificar a uno de los responsables de la vulneración de los derechos de propiedad intelectual, un empresario afincado en la Comunidad Valenciana, que dirigía un entramado mercantil propio dedicado a la comercialización de decodificadores de señal digital de televisión que, convenientemente manipulados, permitirían el acceso ilegal a contenidos. Asimismo se descubrieron las relaciones del investigado con diversas plataformas de Internet que facilitaban tutoriales para la instalación de este tipo de aparatos.

Posteriormente se identificó a otros miembros de la trama y se supo que este empresario pertenecía al segundo escalón de la organización. Al frente de la misma se encontrarían los responsables de una mercantil, ubicada en Barcelona y dedicada a la importación y venta de material eléctrico y electrónico para las telecomunicaciones en general. Esta empresa es una de las principales importadoras y fabricantes de decodificadores que, manipulados con un firmware compatible con el software instalado de fábrica, permitirían acceder a un servidor remoto desde el cual se emitían contenidos de plataformas de televisión de pago de manera gratuita.

ELEVADO GASTO ENERGÉTICO

El mantenimiento de los seis centros de minería intervenidos tenía un elevado requerimiento energético, necesario para el mantenimiento de los seis centros intervenidos, que conseguían instalando dobles acometidas eléctricas y defraudando grandes cantidades de fluido eléctrico en varias ciudades españolas que ascendían a los 400.000 euros anuales aproximadamente.