La sala 21 de la Ciudad de la Justicia acogió ayer la segunda sesión de la vista para dilucidar las causas de la quiebra de los Laboratorios Pérez Giménez, que se vieron sometidos al procedimiento concursal y al despido de sus más de 200 empleados.

Durante la jornada de ayer, los testigos fueron interrogados acerca de si tenían conocimiento de la existencia en la empresa de una contabilidad en B, es decir, contabilidad en negro. Según las fuentes jurídicas consultadas, «todos los testigos han asegurado que tenían conocimiento de la existencia de dos contabilidades en la compañía».

Por otro lado, indican estas fuentes, «también se ha podido constatar que las empresas compradoras de la entidad no aportaron a la empresa ni un solo euro».En concreto, la empresa Tecris adquirió los laboratorios por un euro, con el compromiso de asumir la deuda que ya acumulaba la compañía, radicada en Almodóvar del Río, y que rondaba los 50 millones de euros. Sin embargo, los laboratorios entraron en un concurso de acreedores que se ha liquidado tras tres adjudicaciones fallidas con la compra por parte de Pharmex por 9,5 millones de euros.

Por su parte, la defensa de la familia Pérez Giménez, fundadora de la compañía, ha insistido en señalar que no se puede hablar de ninguna contabilidad paralela, ni en negro, sino que solo existieron ajustes contables. Recuerda el abogado de la familia, Juan Rafael Toledano, que una empresa farmacéutica está sometida a unos controles muy exhaustivos de su proceso productivo y que no hay margen para la pérdida de producto o para no registrar en la contabilidad alguna partida de ventas, porque la Administración tiene establecidos unos controles de protocolo y seguimiento de los productos farmacéuticos que impiden tales posibilidades.

Por otro lado, indica que ninguna de las personas interrogadas en la vista ha podido confirmar que los auditores de la compañía hubieran detectado en algún momento dicha contabilidad en B. El abogado insiste en que todo se debe a un ajuste contable que en cuatro ejercicios ascendió a seis millones de euros.

La sesión continuará hoy con las declaraciones de los últimos testigos, además de la exposición de algunos informes periciales encargados por las partes. La compañía de la familia cordobesa fue vendida en el año 2010 y en 2011 entró en concurso de acreedores.