Amparo y Jorge han vuelto a respirar con alivio. Después de ver cómo el reloj avanzaba en su contra y que la amenaza de desahucio del piso de alquiler en el que viven se cumplía (el pasado 31 de agosto), el Banco Sabadell, con quien hace unos meses firmaron la dación en pago de su vivienda, les ha concedido un alquiler social de 66 euros al mes en uno de los pisos que la entidad tiene vacíos en Córdoba. «Yo esperaba poder volver a mi piso, el que tuvimos que dejar en su día, pero nos han dicho que está en proceso de venta y que no podía ser ese». Aunque decepcionada, Amparo tiene claro que tener un techo es mejor que no tener nada, aunque no sea el que ella esperaba. La Asociación de Familias Necesitadas (Anfane) inició en junio la negociación de un alquiler social con el banco, que no se ha confirmado hasta hace solo unos días, cumplido ya el plazo de desalojo pactado con los caseros de su actual vivienda. Amparo y su marido están en el paro aunque, cuando compraron su piso, los dos trabajaban y reunían ingresos suficientes para hacer frente a la hipoteca. Desde que dejaron el piso, en octubre del año pasado, iniciaron una carrera de obstáculos que les llevó a trasladarse junto a sus hijos, de 14 y 9 años, a una aldea de La Carlota.

«El mes de agosto ha sido muy angustioso, veíamos que el tiempo pasaba y que el banco no respondía a nuestra petición», explica Amparo. La respuesta llegó el 4 de septiembre, cuando Banco Sabadell les comunicó que tendrían acceso a un piso por una renta mensual de 66 euros. «Aún no lo hemos podido visitar, pero por lo que sabemos está hecho polvo». El banco se ha comprometido a que, una vez lo visiten (en esta semana), se adecuará en un plazo de 45 a 60 días, dependiendo de las reformas que se deban llevar a cabo, ya que una vivienda de alquiler debe entregarse en condiciones de habitabilidad. Se trata de un piso de unos 60 metros con dos habitaciones y cerrado durante mucho tiempo, por lo que se encontraría en mal estado.

Rafael Cidres, presidente de Anfane, ha llevado a cabo la negociación que ha culminado con el primer caso en el que la asociación consigue que un banco acceda a un alquiler social con una familia que ya había sido desahuciada de su vivienda e incluso había firmado la dación en pago. «Es un paso que ha costado mucho, pero está en la línea que hemos abierto con otros bancos, con la que pretendemos que las familias desalojadas en procesos de ejecución hipotecaria tengan una vivienda». Cidres, que recuerda que esta familia «ya había dejado su piso cuando empezamos la negociación en el mes de junio», insiste en que «no se trata de que nos den los pisos vacíos para ver qué hacemos con ellos sino buscar viviendas para familias con nombres y apellidos que se han quedado en la calle al no poder hacer frente de la deuda con el banco». Para Anfane, que rechaza la ocupación indiscriminada de pisos, el estado actual del piso no es un problema. «Es un logro haber conseguido un techo para esta familia de forma pactada y el compromiso de que se va a acondicionar». Los propietarios de la vivienda donde están ahora quieren colaborar con ellos y esperarán a que el proceso culmine. Se trata de un lugar de tránsito. «Ahora tendrán tres años de tranquilidad para buscar un trabajo y normalizar su situación laboral». Entonces podrán elegir dónde quieren vivir.