La plataforma Stop Desahucios protagonizó ayer una nueva protesta, esta vez para reclamar a las administraciones y a las empresas encargadas de suministrar agua, luz y gas que se habiliten fórmulas de carácter urgente con las que evitar que haya familias que por falta de recursos y en pleno invierno se queden sin los suministros básicos.

Según el portavoz de la plataforma, Sandro Mora, "nuestro objetivo es pedir a los suministradores que se sienten a negociar alternativas para evitar el corte". Del mismo modo, reclaman a la Junta de Andalucía que concrete cuanto antes el decreto anunciado por el vicepresidente Diego Valderas que pretende garantizar a todas las familias con recursos económicos escasos el acceso a la electricidad, agua y gas. Según los datos facilitados en diciembre por la consejera de Fomento, Elena Cortés, en España se ha cortado el agua a más de un millón y medio de hogares, mientras que la privatización de las empresas de la energía ha supuesto que "se haya disparado el precio de la luz en un 70%". Aún está por ver qué partidas presupuestarias se destinarán a este fin.

Según un estudio comparativo de Facua con 10 países europeos sobre la factura eléctrica, el precio del kWh regulado en España, con 0,124985 euros por kWh al momento de la realización de la encuesta (sin impuestos incluidos), resulta un 48,2% más caro que el de la tarifa regulada más barata analizada, los 0,06475 euros de media de Hungría. Facua denuncia además el aumento de los fraudes en las ofertas de electricidad en el mercado libre "mediante campañas publicitarias engañosas y visitas de comerciales puerta a puerta".