La plataforma Stop Desahucios se concentró ayer a las puertas de la Subdelegación del Gobierno para exigir la paralización de los desahucios y la despenalización de las ocupaciones. Según aseguró uno de los portavoces del colectivo, Rafael Carmona, en Córdoba hay medio centenar de personas imputadas por haber ocupado casas después de haberse quedado en la calle por no poder hacer frente a sus hipotecas o al pago de alquileres. Sin embargo, Carmona, que cifró en 17.000 las viviendas que hay vacías en Córdoba, defendió que "nosotros con las ocupaciones no incumplimos la ley", ya que según dijo la Constitución y la Carta de Derechos Humanos "nos avalan para no dejar a personas en la calle". A su entender, quien la incumple es el Gobierno del PP porque "deja desamparadas a las familias". "Echar a una familia de su casa puede ser legal, pero es inmoral y no se puede tolerar cuando hay miles de viviendas vacías", señaló.
Carmona explicó que en el último año se está viviendo una "situación alarmante" por que cada vez son más las familias que que acuden a Stop Desahucios "buscando una vivienda", bien porque han sufrido un lanzamiento por impago, bien porque les han informado de la posibilidad de realojo "orientadas" por la plataforma o porque han ocupado por su cuenta y quieren asesoramiento. Así, según la plataforma, "cientos de familias" han ocupado casas en Córdoba y una parte importante de ellas están sometidas a procesos judiciales, "lo que seguirá aumentando en los próximos meses". Por eso el colectivo pide la modificación del Código Penal para que las ocupaciones se consideren una falta y no un delito.
