El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) denunció ayer que el ministro del ramo, Alberto Ruiz Gallardón, "parece haber adoptado" la decisión de "asignar a los registradores de la propiedad" la gestión de los registros civiles, una "reforma privatizadora" que supondrá "la pérdida de la gratuidad y del servicio público". Con este motivo, STAJ convocó ayer una concentración a las puertas del Registro Civil de Córdoba en la que José Gómez, delegado del sindicato, apuntó que la medida supondría la desaparición de 33 registros civiles en la provincia y afectaría a 31 funcionarios que tendrían que ser reubicados. Además, aseguró que se perdería "la protección especial existente en el tratamiento de los datos del estado civil de los ciudadanos que deben ser custodiados en archivos especiales".

El delegado sindical de STAJ insistió en que con la reforma los trámites que actualmente se hacen en los registros civiles de forma gratuita pasarían a ser de pago. Como ejemplo, señaló que casarse costaría 100 euros y un certificado de nacimiento o defunción, 20 euros.