Los cofrades pueden llegar a desgravar hasta un 75% de los pagos (si se consideran como donaciones) en aquellas hermandades que se inscriban en el Registro General de Entidades sin Animo de Lucro (Rgeal), algo que dejaría también exentos de muchos tributos (IBI, plusvalías, transmisiones, etcétera), pero que a cambio les obligaría a llevar una escrupulosa y extensa contabilidad como si de una empresa se tratase.

Esta es una de las relevantes conclusiones, y hubo muchas más, de la multitudinaria reunión celebrada ayer en el Palacio Episcopal entre el obispo, Demetrio Fernández, cargos y responsables de la diócesis y unos 300 representantes del total de 600 hermandades y cofradías existentes en toda Córdoba. La convocatoria, con el amplio auditorio repleto, sirvió para que los responsables de la diócesis, con el obispo en cabeza, agradecieran a las cofradías su labor en la Iglesia y en la sociedad, así como para conocer en qué situación quedan las corporaciones tras la entrada en vigor el 1 de noviembre de la nueva ley sobre el Registro de Entidades Religiosas y, por último, sobre la situación fiscal de las cofradías y hermandades.

'LECCIÓN' DEL ECONOMO Al respecto, el ecónomo de la diócesis, José Luis Vidal, con sencillez y una magistral capacidad de síntesis, explicó la inquietante situación en la que podrían encontrarse las cofradías, especialmente aquellas más activas y que organicen muchos actos a lo largo del año para recabar fondos. Aunque existe cierto vacío legal y procedimental sobre el particular, existe el riesgo de que Hacienda pueda interpretar determinados ingresos (por ejemplo, los beneficios de la barra de una cruz de mayo u otra actividad benéfica) como ingresos sujetos al impuesto de sociedades y con una carga del 25%. La sola mención hizo que se oyeran comentarios nerviosos, ya que, por ejemplo, por unos ingresos anuales de una cruz de mayo de 6.000 euros (algunos rieron ante lo imposible de recaudar tal cifra) Hacienda podría reclamar 1.500 euros este año, pero también lo proporcional de años anteriores más las correspondientes multas e intereses.

Para esta situación, que no afecta a cofradías sin apenas actividad pero sí a las que recaudan más con el trabajo voluntario de sus miembros, la solución sería inscribirse en el Rgesl y hacer así oficial ante la ley el carácter que ya tiene toda cofradía de entidad sin ánimo de lucro. Mediante este mecanismo, las donaciones a la entidad desgravarían (un 50% este año para entregas de hasta 150 euros y, el próximo, un 75% para las menores de 150 euros y un 30% para las superiores). Más aún, la cofradía estaría exenta del pago del IBI, impuesto sobre plusvalías de ventas, de transmisiones, etcétera.

Eso sí, la cofradía se encontraría obligada, como cualquier otra sociedad, a llevar una contabilidad extensa (cada donación requeriría un certificado), escrupulosa y previsiblemente muy cara, un duro trabajo especializado para el que la práctica totalidad de hermandades no cuentan con expertos voluntarios entre sus filas. Así, se tendrá que recurrir a servicios externos que, eso sí, podrían abaratarse si se contratan en grupo, quizá a través de las respectivas agrupaciones de cofradías, se sugirió en la reunión.