El Pleno extraordinario de hoy, viernes, que debe decidir el futuro inmediato del Consorcio de Turismo, se presenta muy movido. El secretario municipal, Valeriano Lavela, remitió a los grupos municipales un nuevo informe en el que amenaza al gobierno local con acudir a la Fiscalía y a la Cámara de Cuentas de Andalucía si aprueban un dictamen, avalado por la asesoría jurídica municipal, que ampliaría hasta el 31 de marzo el plazo para la cesión de activos y pasivos del Consorcio al Ayuntamiento, toda vez que este funcionario de habilitación nacional sostiene que el ente consorciado se encuentra ya liquidado por silencio administrativo positivo. En un durísimo escrito y «habida cuenta de la relevancia, trascendencia y gravedad de los hechos», Lavela advierte de los prejuicios económicos que se puedan causar a las arcas municipales y a los trabajadores de resultar aprobada la propuesta del equipo de gobierno, que, no hay que olvidar, está certificada por la jefa de los letrados de Capitulares, Mercedes Mayo. En opinión de Lavela, que alude con ironía a la existencia de «informes fantasmas», se podría estar incurriendo en un delito de prevaricación o malversación.

Además de este informe existen dos documentos más: uno de la Cámara de Cuentas, que urge a adaptar los estatutos del Consorcio a la ley de racionalización, y otro de la secretaria y la interventora del Consorcio, que alerta de que las nóminas y el pago a proveedores corren peligro. Sendos documentos espolean al gobierno local a que la cesión de activos y pasivos al Ayuntamiento finalice antes de final de año y no como se pretende en marzo del 2017. En concreto, la secretaria y la interventora observan que, habida cuenta del certificado de Lavela que determinaba la liquidación del organismo por silencio administrativo positivo, «estas funcionarias se ven imposibilitadas para dar fe de ninguna resolución o acuerdo del citado organismo o autorizar la realización de ningún gasto con fecha posterior al 31 de agosto», con el consiguiente prejuicio de los 21 trabajadores del Consorcio y de sus proveedores.

El PP, que se abstendrá junto a C’s y UCOR, confirmó aún más ayer sus dudas sobre la seguridad jurídica del proceso y acusó al gobierno local de «improvisación». El equipo de gobierno, por su parte, mantiene su intención de seguir adelante.