El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, cree que la única solución para la N-432, que este fin de semana ha vuelto a ser noticia tras ser escenario de un accidente mortal, pasa por convertirla en autovía. Así lo manifestó ayer a preguntas de los periodistas en la inauguración de unas jornadas sobre la aplicación de la nueva Ley de Transparencia andaluza. En opinión de Ruiz, «cualquier otra medida que no sea transformar la carretera que une Badajoz, Córdoba y Granada en autovía «sería parchear el problema».

El presidente de la Diputación recordó en relación con la nueva víctima registrada que ya se advirtió de la siniestralidad de la vía e informó de que han solicitado una reunión urgente con el ministro de Fomento para abordar la situación. De momento, no hay fecha para dicha reunión, solicitada la semana pasada aunque confía en que tenga lugar en fechas próximas. «Desde la Diputación vamos a estar con los cordobeses que están pidiendo que este tema se acelere», explicó, «hemos sido prudentes por la crisis, pero creemos que ya ha llegado el momento de que esta autovía sea una realidad».

El Palacio de la Merced acogió ayer las jornadas sobre la Ley de Transparencia Pública de Andalucía y su aplicación a las entidades locales, dirigidas a alcaldes, concejales, presidentes y diputados provinciales, entre otros cargos, para que «conozcan las necesidades que marca esta ley y puedan aplicarla correctamente», según indicó Antonio Ruiz, que subrayó la importancia de que los ayuntamientos se marque como prioridad «el concepto de buen gobierno, de gobernanza y de participación ciudadana». Para ello, las nuevas tecnologías tendrán un papel fundamental. «Queremos que los ayuntamientos, que son la administración más cercana al ciudadano, ofrezcan toda la información necesaria sobre todas las iniciativas y acuerdos que adopten para que la ciudadanía pueda participar en la toma de decisiones». Con el fin de dar ejemplo, la Diputación tiene previsto aprobar en el próximo pleno de una nueva «Ordenanza de Transparencia y un Código de Buen Gobierno».

Para aplicar la nueva norma, los ayuntamientos deberán asumir una mayor carga de trabajo por la obligación de publicar en sus respectivas webs los acuerdos y demás actuaciones que lleven a cabo, si bien, según Ruiz, se les ofrecerá apoyo a través de la empresa Provincial de Informática, Eprinsa.