El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha destacado este viernes que es "lógico" que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido a la juez Mercedes Alaya que eleve al TSJA una exposición razonada del caso ERE, en relación a los aforados autonómicos que asuma el Alto Tribunal andaluz, a lo que añade que "la propia juez también en su momento estará valorando lo que tiene que hacer en la posible exposición al TSJA".

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, antes de presidir la toma de posesión del nuevo presidente de la Audiencia Provincial, Francisco Sánchez Zamorano, Lorenzo del Río ha señalado que "en el curso del procedimiento que hay el fiscal anticorrupción, como el resto de partes, puede hacer peticiones en ese sentido o en otro".

Así, apunta que "eso está normalizado y no hay que darle una importancia o significado distinto a la norma habitual de los escritos que se presentan o las peticiones".

En este caso, a su juicio, "es lógico esa petición en el sentido que lo ha pedido", pero cree que "la propia juez también en su momento estará valorando lo que tiene que hacer en la posible exposición al TSJA del resto de aforados que hay autonómicos"

No obstante, el presidente del Alto Tribunal andaluz insiste en que "son escritos que entran dentro de la propia normalidad del trabajo procesal".

En concreto, según ha adelantado 'Diario de Sevilla', la Fiscalía Anticorrupción instó este jueves a la juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE fraudulentos, a dar un nuevo impulso final a esta instrucción de la que está a punto de cumplirse cinco años. El Ministerio Público presentó un escrito en el juzgado en el que planteó una batería de nuevas diligencias y actuaciones que, a su juicio, debe poner en marcha de forma urgente la instructora.

PETICIONES DE LA FISCALÍA

De este modo, los fiscales delegados de Anticorrupción solicitan a Alaya que eleve una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre los exconsejeros de la Junta Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Manuel Recio, después de que el Tribunal Supremo (TS) sólo asumiera la competencia para investigar a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, de los diputados Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, y de la senadora Mar Moreno.

En el escrito presentado en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el fiscal recuerda que, según la decisión del Tribunal Supremo, la causa debe dividirse en distintas piezas separadas, y en concreto considera que la pieza relativa a las ayudas a la Sierra Norte, las que implican a los empresarios José Enrique Rosendo y José María Sayago, "deberá seguir siendo objeto de instrucción en el juzgado" de Alaya, aunque debe remitirse testimonio de la misma al Tribunal Supremo conforme al contenido de la exposición razonada en relación con el ex consejero de Empleo de la Junta José Antonio Viera Chacón.

Ese testimonio, según prosigue el escrito, "podrá actualizarse con el resultado material de las diligencias que se sigan practicando en esta sede judicial".

Además, la Fiscalía Anticorrupción solicita a la instructora que con carácter previo a remitir las actuaciones a la Sala del Tribunal Supremo de lo que tenga relación con las personas aforadas se proceda a la formación de piezas separadas para la instrucción y enjuiciamiento de la presente causa.

La Fiscalía entiende que la pieza relativa al denominado procedimiento específico por el que se concedían las ayudas y por el que han sido imputados las personas aforadas "deberá seguir siendo objeto de instrucción en el juzgado" de Alaya, debiéndose remitir testimonio de la misma tanto al Tribunal Supremo como al TSJA.

Las piezas que se formen para la instrucción y enjuiciamiento de las singulares ejecuciones en que se tradujo materialmente el procedimiento específico --en alusión a las ayudas sociolaborales y ayudas a empresas-- son competencia para su investigación, según la Fiscalía, del mismo juzgado de instrucción número 6.

En este punto, Anticorrupción detalla que al menos nueve de las ayudas investigadas --Aglomerados Morell, Surcolor, Saldauto, Matadero de Fuente Obejuna, Río Grande, Acyco, Calderinox, Hotel Cervantes, y Mercasevilla-- se encuentran en un estado tan avanzado de investigación que "sería posible abrir la fase de enjuiciamiento en el año 2015".