La dotación provisional de servicios a viviendas ilegales con infraestructuras de abastecimiento cerca y la revisión de los suelos de especial protección no son las únicas demandas de la comisión de periferia, que propone otras soluciones que competen al Ayuntamiento. Por un lado, y según explica Juan Andrés de Gracia, están las inversiones que debe hacer la empresa municipal Emacsa en la Sierra y en la Vega para la ejecución de grandes infraestructuras para el abastecimiento y el saneamiento. Por otro lado, están las actuaciones «de pequeño formato para la instalación de fuentes». Estas soluciones son las que «permitirán que poco a poco las zonas tengan una realidad más fácil para vivir», según señala De Gracia.

Urbanismo ha elaborado una propuesta dirigida a la Junta para adelantar la dotación de servicios básicos en parcelaciones que están en suelo urbano o urbanizable y que tienen constituida junta de compensación, por lo que ya llevan tiempo con el proceso de regularización iniciado. La gran novedad es que esas urbanizaciones no tendrían que esperar a tener aprobados los proyectos de reparcelación y de urbanización para lograr agua y luz, sino que podrían conseguirlo mucho antes. Esa propuesta puede beneficiar a trece parcelaciones (Cuevas de Altázar, El Cruce, Santo Domingo, Barquera Sur, El Sol, Doña Manuela, Torreblanca, Barquera Norte, parte de El Rubio, la Gorgoja, el Alamillo, el Miguelón y Santa Ana de la Albaida), que son las que cumplen a día de hoy los requisitos exigidos, pero la comisión considera insuficiente la medida.

En Córdoba hay unas 12.000 casas ilegales, de las que unas 6.000 se encuentran en parcelaciones regularizables pero hay otras 4.000 que están en suelo no urbanizable y que tienen más difícil la dotación de servicios.