L a Unión temporal de Empresas (UTE) Convento de Santa Clara, adjudicataria de las obras de reforma del palacete barroco del convento de Santa Cruz (en la calle Agustín Moreno), ha reclamado por vía judicial a la empresa municipal Viviendas de Córdoba (Vimcorsa) una deuda de 113.610 euros por impago de nueve certificaciones de obra que ha realizado y que han sido remitidas a la sociedad pública. Las obras de reforma del palacete barroco de ese edificio declarado Bien de Interés Cultural han finalizado recientemente, aunque no todas las certificaciones que le corresponde abonar a la empresa municipal han llegado al juzgado, ya que Vimcorsa dispone del plazo de un mes para pagarlas desde el momento de la recepción de las mismas.

En la financiación de estos trabajos participan el Ministerio de Fomento (65%), Vimcorsa (25%) y las monjas clarisas, titulares de ese inmueble, con el 10% restante. El presupuesto total de las obras asciende a 630.000 euros. A Vimcorsa le corresponde pagar en total 139.924 euros.

En diciembre del 2013, el Ayuntamiento de Córdoba aprobó por unanimidad una declaración institucional por la que se mostraba el apoyo a la rehabilitación del palacete y otras dependencias del convento para que, una vez concluidas, se llevase a cabo la implantación de un espacio expositivo dedicado a los patios conventuales, dentro de la oferta cultural de los patios de Córdoba. Un año más tarde, Vimcorsa y la comunidad de las hermanas pobres de Santa Clara firmaron un convenio para la financiación de la obra y las monjas se comprometieron a solicitar fondos al Ministerio de Fomento con cargo al 1,5% cultural que tiene adjudicado ese departamento gubernamental.

En septiembre del 2014, el consejo de administración de la empresa pública aprobó la previsión de ingresos y gastos para programas de actuación para el año 2015 por un importe de 1.250.000 euros. En dicho acuerdo se declaraba que, con base a dicha partida, se firmó el convenio en el que Vimcorsa se comprometía a aportar el 25% del coste total de las obras de rehabilitación, hasta un máximo de 139.924 euros, «existiendo tesorería suficiente para ello», según reza en la demanda judicial.