El plazo de 20 días hábiles que el juez dictó el pasado 6 de septiembre para el ingreso voluntario de Rafael Gómez en prisión se cumplirá la primera semana de octubre. El reloj sigue corriendo mientras la familia del empresario cordobés, condenado a cinco años y tres meses y una multa de cerca de 112 millones de euros como autor de delitos contra la Hacienda Pública, espera que el juez responda a su petición y paralice el proceso mientras el Tribunal Constitucional se pronuncia. Cabe recordar que la defensa de Gómez ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional u otro para que la ejecución de la pena quede sin efecto. De momento, sigue también pendiente el abono de la multa de 112 millones de euros por parte del empresario.

Viendo que es posible que ni el Tribunal Constitucional ni el juez se pronuncien antes de que acabe el plazo de 20 días hábiles establecido por el juez, la familia del exedil ha iniciado una campaña de recogida de firmas y testimonios a través de Facebook, en la que anima a sus conocidos a materializar su apoyo verbal en escritos que se presentarán ante el juez como respaldo a la petición realizada.

Según fuentes cercanas, estos testimonios escritos podrían ser empleados también para la petición de indulto.