El empresario, fundador de Unión Cordobesa (UCOR) y exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba Rafael Gómez presentó ayer su recurso contra la sentencia del juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba que le condena a cinco años y tres meses de cárcel y una multa de cerca de 112 millones de euros, como presunto autor de dos delitos contra la Hacienda Pública por el supuesto impago de unos 29 millones de euros, al tiempo que le absuelve de ocho delitos contra la Hacienda Pública.
Según informaron fuentes judiciales, los fundamentos del recurso se basan en «las cuestiones generales sobre la responsabilidad e intervención personal» del procesado, así como «el error en la valoración de la prueba» y sobre el principio de presunción de inocencia, entre otros puntos.
En este sentido, las fuentes indicaron que la defensa ha mostrado su oposición a «los ajustes que han llevado a la condena», algo que se debate y fundamenta en unos 80 folios que contiene el recurso, que ya adelantó la defensa que presentaría «en lo que es desfavorable», a la vez que recordaron que «todavía no hay nada firme y no hay que preocuparse».
Por su parte, el fiscal Fernando Santos presentó el viernes pasado el recurso contra dicha sentencia ante la Audiencia Provincial, «en relación a aquellas pretensiones que no han sido acogidas», como los citados delitos, y cree que «hay error en la valoración de la prueba», entre otros fundamentos. Asimismo, presentó el recurso contra la absolución de los cuatro hijos y de la esposa, esta última en cuanto a la responsabilidad civil que pudiera tener como «partícipe a título lucrativo». Mientras, se prevé que en próximos días la Abogacía del Estado recurra, según apuntaron fuentes judiciales.
Al respecto, la Fiscalía y la Abogacía del Estado han acusado en el juicio a Rafael Gómez y sus cuatro hijos por supuesto impago de unos 53 millones de euros en impuestos, hecho por el que le habían pedido 40 años de cárcel a Gómez y 19 años y tres meses de prisión, a cada uno de los hijos.
El empresario estaba acusado inicialmente de diez delitos contra la Hacienda Pública, mientras que se acusaba a los cuatro hijos de la supuesta comisión de siete delitos fiscales. La actuación se inició por diferentes denuncias de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria y un decreto de la Fiscalía Provincial de junio del 2009. El empresario, en libertad provisional sin fianza, manifestó tras conocer la sentencia que él no ha hecho «nada», que se siente «tranquilo» y que «sabía perfectamente que los dos que me han llevado a esto tienen un poder», sin precisar a qué personas se refería.
El titular del juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, acordó la libertad provisional sin fianza para Gómez, después de que el fiscal y la Abogacía del Estado pidieron prisión preventiva eludible con el pago de una fianza de tres millones de euros. El magistrado acordó la obligación de comunicar cuantos cambios de domicilio realice y la obligación de comparecer ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, y siempre que fuera llamado, al tiempo que se mantiene la medida de retirada del pasaporte hasta que se dicte sentencia firme.
