El empresario y exconcejal de Unión Cordobesa (UCOR) Rafael Gómez se sienta a partir de mañana en el banquillo acusado de defraudar, según el ministerio público, 58,3 millones de euros con el impago de impuestos a través de cuatro de sus empresas. El fiscal solicita para él penas que suman 44 años de prisión por 11 delitos contra la Hacienda Pública. Junto a Gómez, además, se sentarán sus cuatro hijos, a los que el fiscal acusa de ocho delitos fiscales, solicitando para cada uno penas que suman 22 años de cárcel.

¿Cuándo, cómo y a través de qué empresas?

El fiscal especifica en su escrito de acusación que los delitos se habrían cometido entre los años 2003 y 2006 a través de las empresas Arenal 2000, Arenal 2000 de Inversiones, Arenal 2001 y Grupo Inversor Arenal 2000, y se refieren al impago de impuestos de sociedades, de patrimonio y el IRPF. Las cantidades defraudadas en cada uno de los 11 casos por los que se le acusa irían, según la Fiscalía, desde 690.000 euros a 25,5 millones, sumando en total 58.388.000 euros.

El ministerio público apunta a múltiples operaciones «intragrupo» que no estarían adecuadamente documentadas; a la «deslocalización arbitraria» de rentas y patrimonios entre las distintas sociedades del grupo, y a una «confusión evidente entre los intereses y voluntades patrimoniales de las sociedades y las rentas y patrimonios personales».

Por todo esto, solicita para Gómez cuatro años de cárcel por cada uno de los 11 delitos, además de una multa del tanto al séxtuplo de lo defraudado, por lo que podría llegar a 350 millones de euros. Para el caso de los hijos, la petición de pena es de dos años y nueve meses de prisión por cada uno de los ocho delitos de los que se les acusa, siendo la multa solicitada del tanto al quíntuplo. La mujer del empresario, sin embargo, aparece para la Fiscalía solo como «partícipe a título lucrativo», es decir, que no habría participado delictivamente aunque se hubiera beneficiado.

Un largo proceso de más de siete años de duración

La instrucción de este caso se remonta al 2009. Entonces, el juzgado de Instrucción número 3 dictó un auto en el que se detallaba que las actuaciones se iniciaban por diferentes denuncias de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria y un decreto de la Fiscalía Provincial de junio del 2009 por el supuesto impago de una cantidad cifrada en 69,9 millones a través de siete empresas. Sin embargo, el fiscal lo redujo en su posterior escrito de conclusiones provisionales a cuatro empresas y una cantidad defraudada de 58,3 millones. La explicación es que la Fiscalía se centra «en lo que realmente entendemos que hay prueba».

En aquel auto se ordenaba el embargo preventivo de distintas propiedades de la familia Gómez, entre ellas, cinco fincas rústicas en Trassierra y otras cuatro en los municipios granadinos de Freila y Gorafe, además de la sede de Arenal 2000, junto a las naves que construyó sin licencia en 2005 y que le costaron a Rafael Gómez una multa de 20 millones. La Audiencia Provincial ratificó en el 2014 la prórroga del embargo de los bienes,

También la Audiencia Provincial desestimó en marzo del 2015 el recurso del empresario al procedimiento abreviado. En un auto que ponía a Gómez más cerca del banquillo de los acusados, la Audiencia Provincial consideró entonces que «existen indicios suficientes de criminalidad para poder presentar un escrito de acusación». Y apuntaba que «la base indiciaria de las diversas imputaciones» se encuentra en las pruebas de los peritos, que una vez han sido contrastadas «han de ser valoradas ya en el acto del juicio».

Gómez y su familia argumentaron en el recurso que «no hay indicios de actividad delictiva», pero los magistrados de la Audiencia insistieron en que «en el acto de la vista [que mañana comienza tras más de siete años] podrán desarrollarse con toda extensión las argumentaciones» oportunas.

Dos semanas de juicio con expectación mediática

Las sesiones del juicio, que corresponde celebrar al juzgado de lo Penal número 3, cuyo magistrado titular es el juez decano de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, se prolongarán a lo largo de dos semanas. Según las previsiones, los cinco acusados declararan este lunes, mientras que martes, miércoles y jueves se han reservado para los testigos. La segunda semana comenzará con los peritos. Las conclusiones finales tendrán lugar el jueves 26. Las sesiones, además, se celebrarán, en principio, en la sala más grande de las que existen en la Audiencia Provincial y en medio de una gran expectación mediática, según la previsión del gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Gómez ya fue condenado en el caso Malaya por un delito de cohecho activo y se le impuso la pena de seis meses de prisión, sustituida más tarde por el pago de 3.600 euros, y multa de 150.000 euros.