El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maetzu, entregó ayer al presidente del Parlamento en funciones, Manuel Gracia, el informe de gestión realizada por la institución en 2014, en el que destaca el importante incremento del número de quejas registradas, un 300% más que el año anterior, debido principalmente a la denuncia masiva de la ciudadanía sobre la Mezquita de Córdoba. "Cerca de 125.000 personas han trasladado a este comisionado a través de la plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba: Patrimonio de Toos su preocupación por la gestión del uso que se está llevando a cabo de la Mezquita-Catedral, habida cuenta de que a su juicio supone la cercenadura de una parte sumamente importante de la historia de este monumento declarado Patrimonio de la Humanidad", detalla el informe.
En el apartado de cultura, Maetzu dedica un capítulo a la polémica sobre la Mezquita-Catedral, donde valora positivamente el anuncio de elaborar un informe sobre la cuestión sobre la Junta, "informe del que no tenemos constancia", y considera aconsejable que, "si hay argumentos que permitan atisbar la consideración del monumento como bien de dominio público", que las administraciones públicas lo investiguen y actúen en consecuencia. Más allá de la titularidad, el Defensor del Pueblo alude a la necesidad de que una comisión mixta Junta-obispos aborde nuevas fórmulas de gestión del uso y la garantía de que se compatibilice el uso litúrgico con el disfrute de este bien patrimonial requiriendo para ello "la puesta en valor de todos y cada uno de los elementos históricos y artísticos que presenta el bien". El informe se refiere además a medio centenar de quejas registradas contra el decreto de la Diputación que autoriza a la Diócesis de Córdoba al uso de la iglesia de la Merced que alberga dentro. Las denuncias se basan "en la aconfesionalidad del Estado" y contra "el uso de dinero y patrimonio público a favor de una religión".
