«Hay un gran reto que es lograr una buena reforma de la PAC». Las palabras las pronunció Luis Planas en una entrevista publicada en el 2012 en este periódico tras su nombramiento como consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Seis años después, esas declaraciones tienen plena vigencia tras asumir la semana pasada el Ministerio de Agricultura. La negociación permitió entonces frenar el gran impacto de la propuesta de la Comisión Europea, aunque se produjeron desajustes para Andalucía y Córdoba al reducirse las subvenciones respecto al anterior periodo PAC y disminuir considerablemente las ayudas al desarrollo rural. Ahora se ha abierto un nuevo marco de negociación para el horizonte 2021-2027, en el que Bruselas vuelve a reducir los fondos para la agricultura, por lo que habrá que ver si España logra atenuar los efectos de una disminución que puede llegar al 16% si se tiene en cuenta el incremento de la inflación. La propuesta que ha hecho el comisario de Agricultura ha encontrado el rechazo de las organizaciones agrarias y de la Junta de Andalucía, sobre todo por el recorte del presupuesto, pero también porque se puede producir una renacionalización de la PAC. Y Córdoba, que ya ha dejado de percibir alrededor de 213 millones de euros en el actual marco, puede sufrir una nueva reducción de las subvenciones. Por eso, el campo cordobés estará muy pendiente de las dotes negociadoras de un ministro que tiene amplia experiencia en la Unión Europea.

A la incertidumbre por el futuro de la PAC se ha unido en los últimos meses un gran malestar entre los olivareros cordobeses al no aplicar el Ministerio de Hacienda los mismos rendimientos de módulos para la aceituna destinada a aceite en Córdoba que en otras provincias como Jaén o Sevilla. Las cooperativas cordobesas consideran que, de haberse reducido el rendimiento del 26 al 18%, como sucedió en Jaén, habrían tenido que tributar alrededor de 65 millones menos de lo que tendrán que hacerlo. Con el cambio de Gobierno, desde Asaja y otras organizaciones se ha vuelto a demandar que se aplique esa reducción, como ha defendido el PSOE andaluz.

Y no se puede olvidar tampoco una demanda histórica. La provincia es la que almacena más agua en los embalses del Guadalquivir, pero dispone de una dotación de riego muy inferior a la de otras provincias como Jaén o Sevilla. Para exigir más regadío se creó la Mesa del Agua, en la que se encuentra la Junta de Andalucía, cooperativas y organizaciones agrarias. El nuevo Ministerio de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático tendrá mucho que decir. Los agricultores cordobeses no comprenden la pérdida de competitividad que están sufriendo respecto a otras provincias, que sí pueden incrementar sus producciones al contar con el agua del Guadalquivir. Por eso, habrá que ver si el nuevo Gobierno responde o no a la realidad del campo cordobés.