El concejal de Recursos Humanos, David Luque, calificó ayer la gestión del PSOE al frente de la Delegación de Recursos Humanos «como la mejor de la historia de la democracia en Córdoba», a escasas horas de la huelga convocada mañana en Capitulares, entre las 13.30 y las 15.30 horas, y poco después de que los únicos sindicatos convocantes, CTA y CGT, acusaran al gobierno local de carecer de voluntad política para contratar y de no querer negociar con los trabajadores para frenar la protesta. Así las cosas, parece que queda poco margen para el acuerdo y que finalmente se hará el paro para exigir «que se cubran 400 puestos de trabajo vacantes, que se reactive la bolsa de trabajo y que se cubran las bajas y jubilaciones» que se producen en el Ayuntamiento de Córdoba.
El secretario provincial de la CTA, Francisco Moro, reconoce que la ley de sostenibilidad de la Administración local «asfixia» a los ayuntamientos, si bien considera que «hay dinero suficiente para crear empleo» --en los dos últimos años se ha generado un remanente de 15 millones de euros para contratos, según el sindicato--, algo que no ocurre porque el gobierno local no quiere. «El deterioro de los servicios municipales forma parte de la voluntad política porque dinero hay», sostiene Moro, para quien es evidente que «lo que se quiere es privatizar servicios, para que el beneficio empresarial se vaya fuera de Córdoba» y redunde en las multinacionales que se alzan con este tipo de contratos. El responsable de la CGT en el Ayuntamiento de Córdoba, José Díaz, por su parte, recuerda que la movilización «no es para mejorar nuestras condiciones laborales, sino para exigir la creación de empleo en los servicios municipales» y acusa al gobierno local de estar poniendo trabas a la celebración de la huelga y a la labor informativa de los sindicatos previa a su celebración. En este sentido, ha denunciado el envío de agentes de la Policía Local a una asamblea informativa celebrada en las naves de Infraestructuras.
BALANCE DE LA GESTIÓN // El concejal David Luque evitó ayer responder a las críticas vertidas por los sindicatos, si bien recordó que ni CCOO ni UGT ni CSIF secundan la huelga «por responsabilidad, no porque no quieran más empleo público».
Sobre a la gestión de su área, destaca que no se haya llevado a cabo ninguna externalización de servicios públicos y asegura que se está yendo «al máximo en contratación» pese al corsé de las leyes, que ha supuesto la destrucción del 10% del empleo municipal. El responsable de Recursos Humanos achaca las críticas sindicales y la petición que ha hecho Ganemos de que comparezca en el Pleno para explicar su política de personal a que están haciendo las cosas «bien» y a que no se están «casando con nadie», frente a la gestión, «a base de impulsos», que se ha hecho de este área en el pasado. Además incluye entre los obstáculos para la contratación que no haya listas de reserva y que la bolsa de empleo del 2006 no se hiciera por categorías.
Entre los aspectos que destaca de su gestión, «que blindará --dice-- los servicios públicos»-- se encuentran la aprobación de la oferta de empleo público «con la mayor tasa de reposición que permiten las leyes»; el desarrollo de convocatorias públicas para un centenar de plazas de funcionarios públicos y laborales fijos, que «suponen un incremento o consolidan a interinos o labores indefinidos». Además explica que se han incorporado ya, o lo harán este año, 47 interinos de vacantes, después de que el PP «solo incorporó siete efectivos» durante su último mandato.
