El diputado socialista por Córdoba Antonio Hurtado informó ayer de una Proposición no de Ley que su grupo presentará en el Congreso de los Diputados para instar al Gobierno a que recupere la titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba y todos los bienes inmatriculados «indebidamente» por la Iglesia desde que se modificó el artículo 206 de la Ley Hipotecaria en 1998, dando potestad a los obispos para inscribir como propios en el Registro inmuebles, sin necesidad de presentar títulos de propiedad.

La iniciativa, según Hurtado, incluye la petición de que «en el plazo de seis meses» se aporte un listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia en estos años, para realizar a continuación un análisis de los documentos acreditativos de propiedad empleados para ello y que, en el caso de que no estén suficientemente documentados, se reclame la propiedad pública de estos bienes. Para el PSOE, ««la modificación normativa que se llevó a cabo durante el Gobierno de Aznar fue claramente inconstitucional», extremo que han confirmado, recalcó, «dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que señalan que las inmatriculaciones vulneran la Convención Europea de Derechos Humanos».

Por otro lado, el diputado socialista informó de otra Proposición No de Ley presentada por el PSOE y Unidos Podemos, que ha contado con el respaldo en el Congreso de todos los grupos excepto PP y Ciudadanos, en la que se pide al Gobierno que denuncie «los acuerdos de 1979 del Reino de España con la Santa Sede» y que se retire progresivamente la asignación anual del 0,7% del IRPF, «que asciende a una media anual de 250 millones de euros». La PNI reclama, además, que se eliminen «los privilegios fiscales de que goza la Iglesia», reflejados en las exención en el pago de «prácticamente todos los impuestos estatales, autonómicos y locales, entre ellos el IBI, el impuesto de sociedades o el IVA». La excención se aplica «no solo en lugares dedicados al culto sino en los que tienen fines lucrativos, como es el caso de la Mezquita». Por esta vía, Hurtado reclama «la igualdad de trato de la Iglesia católica con respecto a otras confesiones religiosas, la autofinanciación con las aportaciones de los fieles y la obligación de someterse al principio de transparencia y fiscalización del uso de los fondos públicos que reciba», para avanzar en el modelo de estado aconfesional que marca la Constitución española. En este sentido, el diputado socialista instó a la Iglesia a «unirse al resto de instituciones en el esfuerzo de transparencia que exigen los ciudadanos» sometiéndose al Tribunal de Cuentas, como recientemente han hecho el Consejo General del Poder Judicial o la Casa Real, ya que «los recursos que recibe del 0,7% del IRPF no están siendo fiscalizados».

El PSOE destaca que «en esta legislatura existe una mayoría parlamentaria para avanzar en la eliminación de los privilegios que ostenta la Iglesia católica» y pide al Gobierno de Mariano Rajoy «que colabore y no entorpezca estos avances», que, insistió, «han sido reclamados por una mayoría del Congreso de los Diputados».