El PSOE de Córdoba ha criticado este martes que "1.600 familias han dejado de tener bono social eléctrico en la provincia de Córdoba desde que gobierna Mariano Rajoy en España", según los datos que se recogen en la respuesta dada por el Ejecutivo central al diputado socialista por Córdoba, Antonio Hurtado.

Según ha informado el PSOE, la respuesta del Gobierno indica que en la provincia de Córdoba habían en 2011 un total de 38.231 familias con bono social eléctrico, mientras que en estos momentos hay 36.631 familias, un 4,2% menos de beneficiarios, es decir, "1.600 familias cordobesas han dejado de contar con bono social eléctrico desde que gobierna Mariano Rajoy".

En este sentido, Antonio Hurtado ha asegurado que "la crisis está produciendo estragos en la población cordobesa, pues cada día son más las familias que caen en pobreza energética y no pueden climatizar e iluminar su vivienda o tener agua caliente, y resulta indignante que, a pesar de esta situación, cada día sean menos los bonos sociales eléctricos que se conceden".

Para Hurtado, "cuanto más dura es la crisis y más pobreza energética se sufre, menos bonos sociales eléctricos se conceden, lo que demuestra la insensibilidad de este Gobierno al sufrimiento de los millones de víctimas en esta dura crisis".

El bono social eléctrico supone un importante descuento en el precio de la electricidad y se concede a consumidores con potencia en su primera vivienda menor a tres kilowatios, entre pensionistas, familias numerosas y desempleados.

Para el diputado socialista, esta regulación "es claramente insuficiente" y ha instado al Gobierno a promover una ley que "garantice un suministro eléctrico y de gas en nuestra vivienda, imprescindible para una vida digna, suministrado a un precio asequible para el consumidor vulnerable y prohibir la desconexión a dichos clientes en períodos críticos".

Hurtado ha criticado que recientemente el PP haya rechazado, además, una iniciativa legislativa del Grupo Parlamentario Socialista que, de ser aprobada, "garantizaría unas condiciones de habitabilidad en las viviendas de las personas en situación de pobreza energética".

Con esta iniciativa se ampliaba los beneficiarios del bono social a todas las familias que tuvieran una renta familiar per cápita inferior al 75% del salario mínimo interprofesional, y se consideraba pobreza energética a aquella situación de las familias que tienen una factura anual de los suministros energéticos, para la satisfacción de sus necesidades domésticas básicas, de más del diez por ciento de su renta familiar.