El PSOE ha pedido al Gobierno, mediante una proposición no de ley registrada en el Congreso de los Diputados, «que se tomen medidas para evitar la explotación y precariedad laboral en el sector de la seguridad privada como consecuencia de las condiciones en las que realiza la adjudicación de las contrataciones por parte de las administraciones públicas». Así lo explicó ayer la diputada del PSOE por Córdoba, María Jesús Serrano, que señaló que «los clientes de la seguridad privada, tanto en el ámbito público como privado, establecen en la mayoría de los casos, como único criterio de adjudicación, las ofertas económicas más bajas».

De este modo, según los socialistas, «la adjudicación de las licitaciones de los servicios de seguridad es absolutamente ajena a la intención de que las empresas garanticen unas condiciones laborales dignas y una prestación del servicio empresarial de calidad suficiente, lo que ha favorecido el intrusismo en el sector».

CCOO también criticó duramente al calificar de «una burla» la propuesta de convenio colectivo planteada por la patronal del sector de la seguridad privada. En una nota, el sindicato ha afeado que «la patronal pretenda seguir manteniendo unos salarios indignos» y que «ni tan siquiera contemple la recuperación de poder adquisitivo». Para CCOO, «una propuesta económica aceptable sería un incremento del 2,5% para los tres años de vigencia del convenio que propone la parte empresarial». La secretaria de Construcción y Servicios de CCOOa, Isabel Medina, señaló que «se debe garantizar como base de la negociación el convenio vigente con incrementos parecidos a los que se están firmando en otros sectores». El sindicato entiende que «con la propuesta de la patronal de vigencia del convenio hasta 2019, para nosotros una propuesta económica aceptable sería un incremento del 2,5% en cada año, como mínimo».