El grupo municipal del PSOE va a presentar en el Pleno del próximo 13 de junio una moción en la que muestra su apoyo al sector del taxi de Córdoba y rechaza la concesión de nuevas licencias para el alquiler de vehículos turismo con conductor (VTC), según explicó ayer la portavoz socialista, Carmen González. En la misma proposición se indica que, en el caso de que prosperara la misma, el gobierno municipal «tomará las medidas jurídicas necesarias para rechazar la concesión de nuevas licencias de VTC, así como a la defensa del sector del taxi como servicio público que es, estudiando la posibilidad de personarse en los procedimientos contencioso-administrativo en trámite en los juzgados».

González dijo que en Andalucía hay concedidas 911 licencias de VTC, de las que 29 corresponden a Córdoba, mientras que en la provincia hay registrados 767 permisos para taxis, de los que 509 corresponden a Córdoba. Para el PSOE, existe «un riesgo real de sustitución del servicio público del taxi por multinacionales privadas, hecho este que conllevaría la pérdida de la capacidad y autonomía municipal de controlarlo y regularlo al servicio del interés público, un encarecimiento para los usuarios, aparte de ocasionar perjuicios económicos y laborales al colectivo profesional de taxistas».

En otra moción, el PSOE pide al Gobierno que adopte las medidas oportunas para «solucionar con urgencia las situaciones injustas provocadas por la asignación de una única referencia catastral a las cotitularidades que formaban parte de varios proindivisos y que en la actualidad pueden llevarse a cabo tras la entrada en vigor de los criterios para la valoración catastral de construcciones sobre suelo rústico».

GANEMOS // El grupo municipal Ganemos presenta otra proposición en la que pide la comparecencia del teniente de alcalde de Recursos Humanos, David, Luque, para que explique la situación actual en materia de personal de los distintos servicios municipales.

Por otra parte, IU apoya la creación de un marco de negociación entre el gobierno local y empleados municipales. Por su lado, CSIF se queja de que la alcaldesa no quiera dialogar sobre «problemas en la junta de personal».