Un grupo de personas se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento de Córdoba para exigir una solución a los continuos cortes de suministro eléctrico que sufre el centro de adultos Luis de Góngora, ubicado en el Sector Sur. El colectivo ha remitido un escrito a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, en el que explican que los cortes se sufren desde el pasado mes de noviembre a diario y que pese a que dos administraciones, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, se han interesado por el asunto, aún no se ha resuelto.

En ese escrito, los denunciantes relatan que técnicos del Ayuntamiento de Córdoba han certificado que la instalación eléctrica del centro "no reúne condiciones mínimas" para el desarrollo de las actividades formativas, y que "parte de ella se encuentra quemada" e inservible, en concreto una de las cuatro aulas de las que dispone el centro.

Detrás de este problema está el reparto de competencias entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para el mantenimiento y funcionamiento de los centros educativos. En líneas generales, la Administración andaluza es competente para las inversiones (por ejemplo la renovación de los sistemas eléctricos y obras de gran calado), mientras que los ayuntamientos solo deben encargarse de la limpieza y el mantenimiento básicos de dichos centros (pequeñas obras de albañilería o trabajos de pintura).

El sábado pasado, Diario CÓRDOBA publicó un informe sobre la necesidad urgente de inversiones que tienen los colegios previa a la instalación de climatización, una demanda de las AMPA. En ese informe se indicaba que el 25% de estos centros tienen en mal estado cubiertas y cierres; el 25% las tiene en buenas condiciones, y en el resto, están mal o regular. Además el diagnóstico determinaba que ningún sistema eléctrico de estos colegios tenía las condiciones necesarias para poner en marcha aires acondicionados. A este respecto, la concejala de Infraestructuras indicó a este periódico que "no hay constancia oficial" de que ningún centro tenga aparatos de climatización. La Junta de Andalucía aún no se ha pronunciado sobre este asunto.