La Junta de Personal Docente de la educación pública de Córdoba, órgano que representa a los 10.000 profesores cordobeses y a los sindicatos, ahondó ayer en su reunión de balance del curso en el malestar existente entre los profesionales de la educación en Córdoba.
En la reunión, se aprobó por unanimidad un conjunto de resoluciones como que la Administración andaluza maltrata a la Educación Infantil en Córdoba o la falta de recursos respecto a personal de administración y de servicios que existe en los centros escolares cordobeses, junto con la equiparación salarial con otras comunidades y que se establezcan normas claras respecto al conflicto existente entre los derechos a la huelga y a la educación. Estas resoluciones serán trasladadas al delegado de Educación de la Junta en Córdoba, Antonio José López.
«Se está minando a la Educación Infantil pública en Córdoba y no está siendo bien tratada por la Administración», afirmó ayer el presidente de la Junta de Personal Docente, Antonio López, quien denunció que «no tiene los recursos necesarios en personal de refuerzo, ya que se les utiliza para parchear las bajas de los compañeros». Sin olvidar, que -continuó- se han perdido 115 unidades de Educación Infantil en seis años en Córdoba y «no es un problema de descenso de la natalidad, puesto que la educación privada infantil está creciendo en Baena o en la zona sureste de la capital como en La Fuensanta».
Otra de las resoluciones denuncia la falta de personal de administración y de servicios al no cubrirse bajas, ni vacantes, ni jubilaciones. «Se está amenazando la calidad, el trabajo, la seguridad y el mantenimiento de los centros escolares» por la falta de este personal no docente, aseguró el presidente, porque sin mantenimiento el edificio se degrada como ha ocurrido -explicó- en el colegio La Aduana, que se cayó el techo del comedor; en el centro de adultos Luis de Góngora, con un problema con la luz; y también en el Centro Oficial de Idiomas. «Se está haciendo un daño irreparable a nuestros centros y además afecta a la escolarización de los mismos», aseguró López.
Respecto a la merma del poder adquisitivo de un 25% desde que comenzó la crisis, el profesorado reclama la equiparación con los salarios de otras comunidades autónomas y la recuperación del derecho a cobrar aunque se esté enfermo, descuento que el presidente de la Junta de Personal Docente calificó de «indigno e infame». También se pide que se establezca una norma clara que regule el conflicto entre el derecho a la huelga y a la educación.
«Estamos muy molestos con el delegado de Educación, porque no hemos tenido la habitual reunión previa a la de la Junta de Personal Docente para informarle por un problema suyo de agenda», afirmó Antonio López.
