La Guardia Civil ha concluido la denominada operación Brujo , en la que han sido detenidas 23 personas (13 médicos, 3 homeópatas, un biólogo, un farmacéutico, un abogado y 4 auxiliares de un laboratorio clandestino) como presuntas integrantes de una red dedicada a la fabricación y comercialización de medicamentos prohibidos por Sanidad y que eran recetados a enfermos, muchos de ellos terminales, de cáncer, sida, hepatitis o artrosis.
Por el momento, la única persona que ha ingresado en prisión por estos hechos es Rafael Chacón Pavón, cordobés e hijo de uno de los farmacéuticos más conocidos de la ciudad.
Además, otras nueve personas han sido imputadas, bien por asesorar o por recomendar el uso de estos medicamentos. El caso salpica a Córdoba, ya que entre éstas últimas figuran el titular de una muy conocida farmacia cordobesa, farmacéutico de 85 años y padre de la única persona encarcelada hasta el momento por estos hechos, la sustituta que ocupa su plaza y un empresario de la ciudad. Estos tres han sido imputados, si bien en ningún momento han llegado a ser detenidos.
La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de San Lorenzo de El Escorial ordenó ayer el ingreso en prisión de Rafael Chacón, cuyo nombre aparece en la página oficial de Bio-Bac , uno de los medicamentos intervenidos. En esa web, el que es considerado cabecilla de la organización alaba la investigación médica llevada a cabo por su padre, el también cordobés Fernando Chacón Mejías, inventor del producto.
Según fuentes de la Benemérita, el médico Fernando Chacón Mejías, de 85 años, se encuentra aquejado de una enfermedad degenerativa y no ha podido declarar. También la farmacéutica Antonia R.V., de 53 años y que sustituye al anterior en la farmacia de la plaza de Bañuelos, y el empresario R.L.B., de 35 años, han sido imputados, mientras que otro cordobés, M.E.M., será citado como testigo. Entre los imputados también figuran varios farmacéuticos y un profesor de Biología de la Universidad de Valencia.
La operación de la Guardia Civil ha sido desarrollada en 12 provincias españolas (Madrid, Sevilla, Granada, Cádiz, Navarra, La Coruña, Málaga, Tenerife, Barcelona, Mallorca, Valencia y Córdoba). En la capital cordobesa se registró la farmacia de la calle Mármol de Bañuelos. Los 23 detenidos están acusados inicialmente de un delito contra la salud pública, intrusismo, estafa y tenencia ilícita de armas.
Las investigaciones comenzaron hace ahora ocho meses cuando la Guardia Civil detectó en un laboratorio ubicado en una finca de El Escorial (Madrid) que se fabricaban ilegalmente los medicamentos Bio-Bac e Inmunobiol , que después eran comercializados. En colaboración con las autoridades sanitarias, la Guardia Civil detectó que la empresa fabricante de los medicamentos contaba con la ayuda de médicos y farmacéuticos para comercializar estos productos. Aconsejaban a pacientes graves que contactaran con la empresa fabricante para pedir el producto a través de intermediarios (detenidos) o en internet.
El producto se remitía a través de empresas de mensajería "para eludir posibles controles sanitarios". Incluso las mismas recepcionistas que atendían las llamadas variaban, sin preparación médica, las dosis que debían consumir. La Guardia Civil desconoce aún el número de posibles afectados, pero apunta que muchos pacientes llegaron a sustituir por Bio-Bac o Inmunobiol los medicamentos que les habían recetado sus propios médicos.
En los 21 registros domiciliarios se han intervenido 4 pistolas, un revólver, 30.000 envases de Bio-Bac oral, 1.500 de inyectables y diverso material, entre el que figuran material biológico y de laboratorio, material para la fabricación y empaquetado de los medicamentos y abundante documentación de ensayos clínicos.
Después de que la jueza enviara a prisión a Rafael Chacón, ésta tomó declaración a dos de las telefonistas del laboratorio --M.A.E. y C.S.B.-- y al responsable del mismo --E.M.O.-- y decretó la libertad bajo fianza para los tres.
POSIBLES RIESGOS
Los expertos todavía están analizando la inocuidad o los posibles riesgos de los dos productos. El subdirector general de Seguridad de los Medicamentos del Ministerio de Sanidad, Ramón Palop, explicó que, de momento, las autoridades sólo tienen constancia de la muerte de una persona enferma que dejó su medicación para tomar los productos comercializados por la red. Sin embargo, Palop no confirmó que su muerte estuviera directamente relacionada con la ingesta de las medicinas. "En principio, el riesgo por la composición de los dos productos no es elevada ", destacó Palop. El alto cargo del Ministerio de Sanidad confirmó, sin embargo, que algunos enfermos dejaban de tomar su medicación convencional para tomar los fármacos de la red y que eso aceleraba su proceso patológico. "Hablamos de dos productos que carecen de eficacia", concluyó.
