La presidenta de la Fundación Guadalquivir Futuro, Ángeles Muñoz, negó ayer ante la titular del juzgado de Instrucción número 8 el supuesto cobro de mordidas a desempleados con cargo a los contratos de un programa de empleo público que abonaba la Junta de Andalucía. «Donde no hay, no hay», dijo Muñoz a los periodistas al salir de declarar como investigada en este caso. «Podemos lo único que ha presentado son recortes de prensa», añadió después de que fuera citada por la denuncia de la formación morada, que sostiene que unos 30 trabajadores tuvieron que pagar cantidades que rondaban el 20% de su sueldo durante periodos de seis meses en 2015 y 2016.

Al igual que Muñoz, también declararon como investigados su hijo, Cristian Menacho -exsecretario general de Juventudes Socialistas (JSA)-, y Alejandra Pérez, que fue número dos de JSA, ambos como responsables de las asociaciones Jóvenes hacia el Futuro y Nuevo Guadalquivir. Según fuentes jurídicas, los dos negaron los hechos y defendieron que no tienen «ninguna responsabilidad».

De su lado, el parlamentario andaluz de Podemos David Moscoso, que también acudió al juzgado, ratificó la denuncia y la amplió para que se investigue a una cuarta persona, responsable de la fundación, «como parte ejecutora junto a las otras». Moscoso, además, aportó a la jueza un audio de 45 minutos en el que, según explicó, los trabajadores «señalan a altos cargos del PSOE de Córdoba» como implicados en este caso, pero no quiso aportar más detalles ni tampoco sus nombres fueron incluidos en la ampliación de denuncia hecha ayer.

El parlamentario andaluz solicitó a la instructora del caso que se ponga en contacto con el Servicio Andaluz de Empleo y que sume al expediente las actas de la Inspección de Trabajo en las que «se prueba de forma tangible que ha habido mordidas y que se han desviado los fondos destinados a la contratación del personal». Moscoso apuntó que «la mordida solo en un periodo, en un programa y con un grupo de trabajadores era en torno a 18.000 euros, pero solo hemos podido estudiar una parte, por lo que se supone que será mucho más». Según los trabajadores, la manera de operar consistiría en convertir jornadas de ocho horas en seis con el compromiso de que reingresaran el sobrante a modo de donativos en las arcas de la organización, una mordida que oscilaba entre los 200 a 500 euros mensuales por cada contrato a desempleados. La Consejería de Empleó sancionó a las tres organizaciones con 46.000 euros por irregularidades y las obligó a devolver más de 300.000 euros de ayudas.

Tras abandonar los juzgados, Moscoso fue increpado, perseguido y acosado en la calle por una veintena de personas que habían acudido a los juzgados para apoyar a los responsables de Guadalquivir Futuro. Entre gritos de «ladrón, le quitas de comer a los pobres», Moscoso tuvo que refugiarse en el edificio de Servicios Múltiples de la Junta. Podemos Andalucía condenó posteriormente «los ataques» que sufrió el parlamentario y remarcó su «firme convencimiento en esclarecer la verdad y en que se haga justicia con el dinero público mal utilizado».