La vicesecretaria de Fomento y Medio Ambiente del PP de Córdoba, Laura Ruiz, ha acusado a la Junta de Andalucía de no cumplir con los vecinos de Trassierra, «ya que sigue sin construir la depuradora que tiene pendiente desde el 2006». Ruiz afirma que «no solo están esperando la instalación de esta infraestructura, necesaria para llevar las aguas residuales a la estación depuradora de La Golondrina, sino también aquella que permita bombear el agua potable hasta el núcleo de población».

La vicesecretaria popular recuerda a través de una nota de prensa que la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, Emacsa, y la Junta de Andalucía firmaron un convenio en el año 2006 para sacar adelante esta actuación. «Este proyecto está redactado pero, sin embargo, se ha pospuesto constantemente por la Junta a pesar de que sería financiada con el canon del agua».

En este sentido, reprochó al gobierno de Susana Díaz «que siga cobrando este impuesto a los vecinos de Trassierra, pero siga sin ejecutar el proyecto de la depuradora, a pesar de que la Unión Europea puso como fecha límite el 2015, ahora postergada hasta el 2021». Un impuesto que, según insistió, «fue definido por el propio Defensor del Pueblo Andaluz como un canon extraordinariamente gravoso».

Ruiz ha apuntado a la necesidad de contar con esta infraestructura en la barriada de Santa María de Trassierra para poder proceder al desarrollo urbanístico y conseguir la dotación de servicios necesarios.

«El propio Ayuntamiento de Córdoba ha reconocido, mediante una moción aprobada por unanimidad, la necesidad de solucionar el tema de esta infraestructura de saneamiento y suministro de agua para poner en valor el atractivo turístico, medioambiental e histórico de este enclave».

En la misma nota, la responsable del área de Medio Ambiente del PP cordobés insiste en que con la depuradora pendiente en Santa María de Trassierra, la Junta de Andalucía «tiene pendientes aún 22 en la provincia de Córdoba». En la misma línea, en opinión de Laura Ruiz, «la dejadez, la falta de responsabilidad, la mala gestión y la falta de planificación de la administración autonómica están privando de esta necesaria infraestructura al 36% de los municipios de Córdoba.