El concejal del PP Luis Martín reclamó ayer al presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Pedro García, la elaboración de un documento consensuado con todos los colectivos ciudadanos y con los grupos municipales, con la idea de incluirlo en la futura reforma de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), para adelantar servicios básicos a las parcelaciones que estén en suelo urbano y urbanizable y que se encuentren en procesos de regularización. La proposición del PP llega tarde, pues ayer Pedro García informó en el consejo rector de la GMU que ha enviado la propuesta de modificación de la LOUA a la Junta, ya que los grupos municipales no han enviado las aportaciones que debían presentar en el plazo de una semana, tal y como se acordó el pasado 22 de marzo. El planteamiento de la GMU se ha remitido a los cinco grupos parlamentarios (PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU y PP), así como a la Federación de Municipios y Provincias de Andalucía (FAMP) y a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Martín indicó que en la propuesta enviada a la Junta de Andalucía debería recoger el suministro básico de luz, «que no aparece en el mismo», así como la competencia de los ayuntamientos para desarrollar estos programas especiales, «como principio de la autonomía municipal y por conocer mejor la realidad existente». Añade que también debería plasmar ese documento la alternativa de otras garantías económicas además del aval bancario, «por las dificultades en obtenerlo de las entidades financieras los afectados. Martín indicó, además, que, si para este programa especial se exige el mismo grado de detalle y desarrollo que un proyecto de obras de urbanización y otros requisitos, puede dificultar su ejecución, que tiene como finalidad adelantar los servicios básicos».

El concejal del PP y expresidente de la Gerencia de Urbanismo afirmó que debe valorarse de nuevo la proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario popular en el Parlamento de Andalucía sobre suministros de servicios básicos para viviendas fuera de ordenación, en el que se instaba al Consejo de Gobierno a permitir el acceso a esos suministros de agua, saneamiento y electricidad para aquellas edificaciones en suelo no urbanizable, urbanizable o urbano no consolidado.

Quería también el PP que figuraran medidas para garantizar la habitabilidad de edificaciones en suelo no urbanizable que constituyan la vivienda habitual.