El gobierno local del Ayuntamiento contestó ayer a las críticas del grupo municipal socialista sobre la "voracidad recaudatoria" de las dos cámaras de control de tráfico en La Ribera que han llevado, según denunció el PSOE la jornada anterior, a que a lo largo de un año se impusieran 18.700 multas (buena parte de ellas a turistas despistados ) por un importe conjunto de unos 4 millones de euros.
Así, la teniente de alcalde delegada de Movilidad, Ana Tamayo, y el teniente de alcalde de Hacienda, José María Bellido, negaron todo ánimo recaudatorio por parte del gobierno municipal, que solo impone multas porque "a quien incumple, hay que sancionarlo. Si no, esto sería un caos", dijo Bellido. El concejal, además, informó que en seis meses del 2014 solo se han recaudado 1,7 millones de euros en toda la ciudad por multas de tráfico, en la misma línea de los años anteriores e incluso algo por debajo. En general, la recaudación por multas está entre los 3 y los 4 millones de euros anuales los últimos años, una cifra que "ni arregla ni deja de arreglar nada" cuando el presupuesto municipal es cien veces mayor, en torno a los 400 millones.
NO LE CUADRA AL PSOE El concejal del PSOE Emilio Aumente, sin embargo, reiteró ayer su denuncia de que solo en La Ribera se han puesto más de 18.700 multas a lo largo de un año por valor de unos 4 millones de euros, "como ellos mismos informan, porque son datos del Area de Tráfico". Eso sí, otra cosa es que se esté haciendo efectiva la recaudación de estas multas o que todavía no se hayan cobrado al estar en periodo de pago voluntario o en vía ejecutiva.
Volviendo al gobierno local, la concejala Ana Tamayo reiteró que el sistema de cámaras en La Ribera se adoptó, tras informes de expertos y reuniones con colectivos y ciudadanos, por ser el más adecuado para el control de la zona acire. Aunque no se niega a incorporar mejoras en el sistema, Tamayo también considera adecuada la señalización para que los vehículos no pasen por la zona prohibida y recordó las campañas informativas que se hicieron en su día.
MULTAS MUY "LEGALES" Capítulo aparte, Tamayo acusó al concejal Aumente de "mentir descaradamente" y de incitar a que se actúe contra los intereses municipales al decir que las multas impuestas por las cámaras no son legales por haber sido aprobado ese plan de tráfico para la zona por la Junta de Gobierno Local en lugar del Pleno, como manda la actual Ordenanza de Tráfico.
Al respecto, Tamayo mostró un informe jurídico de enero del 2007 en el que se dice que la Junta de Gobierno Local tiene potestad para implantar las zonas restringidas de tráfico (por lo que todas las multas serían válidas), todo ello al aplicarse la llamada Ley de Grandes Ciudades , de rango superior a la ordenanza y que se aprobó en el 2003.
