El viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, atacó ayer duramente a la Junta por la respuesta dada a las declaraciones del portavoz, José María Bellido, el martes, que ofreció los votos del grupo para continuar tramitando la innovación del PGOU de Rabanales 21. Fuentes considera «desproporcionada» la reacción de la Junta sobre Rabanales 21». Es más, critica «la actitud chulesca de la Junta con ese escrito anónimo y diabólico». Al PP le parece «impresentable» esa «amenaza soterrada» con la que «quiere hacer vinculante» un informe que solo es preceptivo, «amenazando con ir a instancias mayores», lo que califica de «atentado a la autonomía municipal». Por ello, Fuentes deja claro que el PP también se plantea «ir a instancias mayores por esas amenazas soterradas y anónimas».

El concejal considera que la Junta «en vez de ponerse a trabajar, amenaza a los grupos que quieren sacar temas adelante». Además, señala que «la alcaldesa ha tenido año y medio para sentarse con el consejero y subsanar el error del artículo» (el que hay que cambiar en la innovación del 2005) y censura que no piense en las «repercusiones que tiene para el parque» la aplicación de «una norma posterior con carácter retroactivo» (la que obliga al informe de impacto ambiental). Es más, asegura que los promotores del centro comercial podrían pedir daños y perjuicios.

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio recordó el miércoles que el informe sobre la innovación del PGOU iniciada por Urbanismo en el 2014 «es preceptivo y no vinculante», aunque señaló que «cuando se aprecia un incumplimiento de la legalidad vigente, como es un uso expresamente prohibido por el propio PGOU», es «obligación de la Junta ponerlo en conocimiento de las instancias superiores» para que lo tengan en cuenta «si se continuara el expediente».

La delegada del Gobierno, Rafi Crespín, por su parte, asegura que a la Junta emite sus informes «con toda honestidad, acorde a la ley» y «de forma rápida», que «es lo que hay que hacer cuando se está gestionando». Crespín asegura que «lo que advertimos en ese informe es que el propio PGOU de la ciudad no permite el desarrollo de ese proyecto en esa zona» y el PP «debería saberlo». Crespín insiste en que el informe es preceptivo pero no vinculante y se puede trabajar». Por ello, anima «a resolver lo que haya que resolver» y «a seguir trabajando en el camino que legítimamente se ha propuesto el Ayuntamiento». La delegada reconoce que el proceso es lento y complejo, «pero tenemos que estar a la altura de lo que las propias normas marcan y todos tenemos el deber de cumplirlas».